Rhode Island presentó el 22 de octubre de 2026 una demanda contra Meta ante el Tribunal Superior del condado de Providence. La fiscalía estatal sostiene que la compañía se benefició de anuncios fraudulentos en Facebook, Instagram y WhatsApp, y que además permitió que parte de ese contenido siguiera circulando.
La acusación por lucro con publicidad fraudulenta
La acción judicial, encabezada por el fiscal general Peter Neronha, alega que Meta infringió la ley estatal de protección al consumidor mientras afirmaba a sus usuarios que trabajaba para mantenerlos a salvo. Según el estado, la empresa no solo dejó pasar anuncios engañosos, sino que también obtuvo ingresos de ese entorno publicitario.
El expediente se apoya en reportajes de Reuters sobre documentos internos de la compañía. Esos materiales, citados en la demanda, estimaban que las plataformas mostraban a los usuarios unos 15.000 millones de anuncios de estafa de alto riesgo cada día.
La misma documentación, según la demanda, proyectaba que cerca del 10% de los ingresos de Meta en 2024, unos USD 16.000 millones, provendrían de anuncios de estafas y productos prohibidos. Rhode Island usa esa cifra para sostener que el problema no era marginal dentro del negocio publicitario de la compañía.
El estado también cuestiona el manejo de anunciantes sospechosos y el uso de herramientas para crear publicidad. En su planteamiento, algunos anunciantes señalados por posible fraude podían seguir pagando por sus anuncios en lugar de ser bloqueados, mientras ciertas herramientas de inteligencia artificial de la empresa habrían facilitado el trabajo de estafadores.
Lo que pide Rhode Island al tribunal
La Fiscalía solicita sanciones civiles por cada infracción de la ley de protección al consumidor, compensaciones para los consumidores y la devolución de las ganancias que atribuye a la publicidad fraudulenta. La demanda, además, pide medidas para frenar los anuncios engañosos que la compañía cree o distribuya.
Entre esas medidas, Rhode Island reclama que el tribunal designe un monitor para supervisar el cumplimiento. El escrito no precisa en la información disponible una suma total reclamada, por lo que no se detalla un monto global de sanciones o compensaciones.
Como ejemplo de lo que considera contenidos problemáticos, el caso cita un anuncio que prometía revertir el Alzheimer en 45 días y que, según el estado, apareció en más de 2.000 versiones dentro de la Biblioteca de Anuncios de la compañía. También menciona piezas que se hacían pasar por un alto ejecutivo de Bank of America para atraer a usuarios hacia supuestas estafas de negociación de acciones en WhatsApp.
La respuesta de la empresa y el frente legal abierto
Meta había rechazado antes los reportajes de Reuters y los describió como una visión selectiva que distorsionaba su trabajo. Su portavoz, Andy Stone, dijo entonces que la empresa combatía de forma agresiva el fraude y las estafas porque sus usuarios no quieren ese contenido.
La disputa quedó expuesta también en un mensaje difundido en X, que el medio citó en su cobertura: publicación vinculada al caso.
Rhode Island afirma que esas medidas no bastaron y que las estafas seguían siendo generalizadas y fáciles de localizar. La demanda también apunta a que un anunciante prohibido podía volver a operar con relativa facilidad, incluso con una nueva dirección de correo electrónico o un número telefónico.
El caso se suma a otras acciones legales contra la compañía por anuncios fraudulentos. Según la cobertura citada en la demanda, el condado de Santa Clara, en California, presentó un caso similar en mayo, y la Federación de Consumidores de Estados Unidos demandó a Meta en Washington, D. C., en abril.
