El proyecto BAAJA llega al voto del 9 de noviembre y reabre el choque entre agilizar obras y contener más emisiones en el sector energético.
El Senado de Estados Unidos prevé votar el 9 de noviembre la Ley Bipartidista Estadounidense de Asequibilidad y Empleo, un proyecto de 417 páginas que busca acelerar la aprobación de obras energéticas y aliviar la burocracia que hoy puede retrasarlas durante años.
El debate de fondo no es menor: si la reforma termina impulsando más energía limpia o, por el contrario, abre espacio a más gas natural y a mayores emisiones.
Una reforma para acortar trámites
La propuesta pretende ordenar el sistema federal de permisos que regula proyectos como centrales eléctricas, líneas de transmisión y gasoductos. Ese esquema se apoya, entre otras normas, en la Ley de Política Ambiental Nacional y la Ley de Agua Limpia, y fue diseñado para controlar la contaminación industrial de grandes desarrollos.
Según el texto, la iniciativa reduce los tipos de proyectos que tendrían que pasar por revisión federal y fija plazos para acortar un proceso que hoy puede extenderse por años. También incluye disposiciones sobre planificación del transporte eléctrico, minería y otros apartados técnicos.
El proyecto es, en gran medida, neutral desde el punto de vista tecnológico: abre la puerta tanto a combustibles fósiles como a energías renovables. Esa amplitud explica el respaldo inusual que ha reunido entre legisladores y grupos externos de posiciones distintas.
Apoyos, reparos y cálculos sobre emisiones
La Casa Blanca ha respaldado la reforma, y su Consejo de Asesores Económicos sostiene que reduciría los tiempos de revisión y aportaría beneficios económicos, incluido un impulso al producto interno bruto.
Entre los apoyos también figura el análisis de la American Clean Power Association, que concluye que el proyecto podría desbloquear 350 gigavatios de nueva energía limpia para la red.
Del otro lado, el Natural Resources Defense Council advierte que los apartados sobre transmisión podrían aportar beneficios a la red, pero también reducir el alcance de las evaluaciones ambientales y perjudicar terrenos públicos y privados.
El economista energético Kevin Kircher, profesor adjunto de Ingeniería Mecánica en Purdue, plantea que la discusión termina en una disyuntiva entre expandir la electricidad limpia y, como concesión, facilitar también los combustibles fósiles. Su modelización concluye que, si la BAAJA hubiera estado vigente en 2025, las emisiones del sector energético habrían superado el nivel de referencia real y los riesgos para la salud asociados a la contaminación del aire también habrían aumentado.
Otros dos análisis citados en torno al proyecto también miden ese equilibrio. El de Rhodium Group concluyó que, en el mejor de los casos, la ley reduciría las emisiones del conjunto de la economía en 4 %, bajaría la factura energética anual en 78 dólares por hogar y añadiría 200 gigavatios de nueva energía limpia para 2040. En el peor de los escenarios, las emisiones quedarían prácticamente igual.
Por su parte, el informe de Resources for the Future calcula una caída de 6 % en las emisiones del sector eléctrico para 2041 y más de 350.000 millones de dólares en ahorros de costos del sistema hacia mediados de siglo.
La votación está prevista antes de que el próximo Congreso asuma el control, pero el resultado político todavía depende de alianzas cambiantes y, en última instancia, de la firma de Trump. Aun si la reforma avanza, el texto no zanja la pregunta central: qué tipo de infraestructura energética se construirá con trámites más rápidos.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
