La administración de Donald Trump instauró un mecanismo de supervisión sobre los ingresos petroleros y otras exportaciones de Venezuela que reduce la autonomía financiera del chavismo, según un informe de KPMG divulgado el 10 de noviembre. El esquema, de acuerdo con ese reporte, permite al Departamento de Estado y al Tesoro estadounidense intervenir en la liberación de los fondos que solicita el Banco Central de Venezuela.

Cómo funciona la cuenta bajo supervisión estadounidense

El documento examinado por The New York Times registra 12.260 millones de dólares en depósitos entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026. La mayor parte procedía de ventas petroleras, aunque también se contabilizaron operaciones con minerales, oro y fertilizantes. El dinero ingresaba en una cuenta de custodia creada bajo supervisión estadounidense, inicialmente ubicada en Catar y trasladada a Citibank, en Nueva York, a finales de enero.

La diferencia frente al esquema que el chavismo administró durante años es que los recursos siguen siendo venezolanos, pero Washington conserva la autorización de salida. Así lo establece la Orden Ejecutiva 14373, firmada por Trump el 9 de enero, que reconoce la titularidad venezolana de los fondos y asigna al secretario de Estado la determinación de sus usos autorizados. El Tesoro custodia los depósitos y ejecuta las transferencias conforme a esas instrucciones.

En la práctica, Delcy Rodríguez puede solicitar los recursos, pero no disponer unilateralmente de los fondos sujetos al mecanismo.

Los montos liberados y el rastro que dejan

Según el informe, aproximadamente 11.700 millones de dólares fueron destinados a operaciones cambiarias solicitadas por el Banco Central de Venezuela, mientras otros 130 millones se dirigieron al pago de obligaciones con gobiernos y organismos internacionales. Al cierre de septiembre permanecían unos 170 millones en la cuenta, que había generado alrededor de 12 millones en intereses.

La inyección de divisas puede ampliar la oferta de dólares, facilitar importaciones y aliviar presiones cambiarias, pero esas posibilidades no constituyen por sí solas pruebas de una recuperación sostenida.

El esquema también contempla controles físicos y documentales sobre las transferencias: aprobación inicial del Departamento de Estado, transporte, recepción, recuento, revisión de destinatarios, asignación, entrega, distribución y supervisión final. Ese proceso incluye bolsas de billetes, precintos numerados, series monetarias, actas de recuento con doble firma y registros de ingreso a las bóvedas del Banco Central de Venezuela.

La intervención, además, alcanzaría a los destinatarios finales de determinadas operaciones. El esquema citado prevé revisiones previas y comprobaciones de beneficiarios efectivos y de listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Qué observan Washington y el Congreso

En el desglose sectorial aparecen 3.349 millones de dólares destinados a empresas de alimentos y bienes de consumo, otros 1.178 millones al sector agrícola y 532 millones a salud y productos farmacéuticos. Las dos primeras categorías suman 4.527 millones y representan una proporción significativa de las asignaciones clasificadas. Según la información aportada, ese desglose corresponde a personas jurídicas identificadas, equivalentes al 77 % de las salidas declaradas.

El informe periodístico de The New York Times señala que KPMG describió su trabajo como asistencia al Departamento de Estado para administrar la cuenta, rastrear transacciones y aplicar controles de integridad financiera, no como una auditoría formal completa. Tampoco identifica suficientemente a los compradores finales de las divisas distribuidas mediante las subastas bancarias.

La situación también ha despertado cuestionamientos dentro de Estados Unidos. Los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse exigieron explicaciones a Marco Rubio y a Scott Bessent sobre los criterios para administrar los ingresos venezolanos y las garantías contra posibles irregularidades. El reclamo pone de relieve una paradoja: Washington exige controles financieros al chavismo, pero también enfrenta presiones para transparentar sus propias decisiones sobre esos recursos.

El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos ya había identificado ese control económico como parte de la estrategia de Washington para estabilizar Venezuela e impulsar cambios políticos después de la captura de Nicolás Maduro. El desafío pendiente no es únicamente determinar quién autoriza cada dólar, sino demostrar quién lo recibe, cómo se utiliza y cuánto beneficio produce realmente para los venezolanos.