Venezuela registra una recuperación gradual de su producción petrolera, pero el impacto de ese repunte sigue limitado por las restricciones de Washington, la inflación y la brecha cambiaria, de modo que el dinero no se traduce todavía en una mejora visible para la mayoría de la población.
Ingresos petroleros bajo control en Estados Unidos
La Orden Ejecutiva 14373, dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque militar al país del pasado 3 de enero, establece que los ingresos venezolanos derivados de la renta petrolera se depositen en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense. Esos recursos pasan al denominado Fondo de Depósitos del Gobierno Extranjero y, en teoría, se usarían para compras de alimentos, medicinas, maquinarias, equipos y repuestos en Estados Unidos.
La Casa Blanca sostiene que ese esquema busca proteger el dinero de la corrupción oficial y de eventuales fallos judiciales pendientes por reclamaciones de compañías internacionales afectadas por las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez. El propio texto de la orden se titula “Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos, para el bien del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”.
Trump delegó en el secretario de Estado y el secretario del Tesoro la facultad de definir cómo se utilizarían esos ingresos. Luego, el fondo asigna los dólares al Banco Central de Venezuela, organismo al que recientemente le levantaron las sanciones que restringían sus movimientos, y finalmente los convierte en bolívares en la Tesorería Nacional.
Una economía todavía dependiente del petróleo
De acuerdo con el economista Asdrúbal Oliveros, el 83% de los ingresos del país está administrado por esa cuenta en Washington, en especial el dinero generado por empresas internacionales, mixtas o contratistas petroleras en la nueva dinámica del sector. La comercialización y el transporte de ese crudo están a cargo de empresas estadounidenses.
Víctor Álvarez, economista de la Universidad Central de Venezuela, considera que la Orden Ejecutiva 14373, las nuevas licencias generales de la OFAC y el manejo discrecional de la política arancelaria forman parte de una arquitectura de control sobre el comercio exterior venezolano. A su juicio, se trata de un modelo de intercambio selectivo que favorece a los exportadores estadounidenses y destina los ingresos petroleros de Venezuela a financiar de manera prioritaria exportaciones de ese país.
Venezuela acumula años de intentos por diversificar su economía y reducir la dependencia del crudo, que históricamente representa más del 85% del valor de las exportaciones totales. Sin embargo, tras los años de la gestión de Nicolás Maduro, esa dependencia sigue siendo muy alta.
Más producción, pero sin alivio suficiente
La producción petrolera avanza lentamente y ya supera los 1,2 millones de barriles diarios, después de haber tocado su punto más bajo en 2020, cuando cayó a apenas 300.000 barriles. Algunos especialistas creen que al cierre de este año podría rebasar los 1,5 millones de barriles diarios.
Ese aumento ha estado impulsado por las licencias ampliadas concedidas por Washington a empresas como Chevron, Repsol, Maurel & Prom y, más recientemente, Shell y BP, además de una recuperación parcial en la gestión de Petróleos de Venezuela. También ha influido el retorno de contratistas relevantes del negocio energético, como Schlumberger.
Brecha cambiaria e inflación presionan la calle
Pese a la mejora en la producción, el dinero derivado del excedente no termina de sentirse en la economía cotidiana. El tipo de cambio se ha acelerado a la baja y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo sigue siendo elevada, con un promedio de 30%. La inflación continúa por encima del 600% anualizado y los aumentos salariales en el sector público y privado resultan insuficientes.
La economía crece, pero todavía con un ritmo modesto y concentrado en sectores puntuales. Áreas clave como la construcción siguen rezagadas, aunque empiezan a salir de una prolongada inactividad.
En medio de ese escenario, circula entre la población la idea de que el dinero administrado por Estados Unidos no está entrando al país. Un ejecutivo bancario que pidió reservar su identidad afirma que sí hay flujo de divisas hacia la economía y que también aumentó la venta de dólares. Según su versión, en diciembre no ingresó ningún dólar, mientras que durante el año pasado se vendía un promedio de 400 millones de dólares mensuales; luego la cifra subió a 500 millones, después a 800 millones y en junio alcanzaría los 1.700 millones de dólares.
Oliveros calcula que los ingresos por la venta de crudo y derivados podrían llegar a 15.800 millones de dólares al cierre de 2026. Añade que la liquidación de dólares a la economía aumentó 6% en el primer semestre, la recaudación tributaria 5% y las ventas comerciales 4%. También estima que el PIB nacional crecerá 13% en 2026 y que las presiones inflacionarias deberían moderarse hacia una zona más manejable durante el primer trimestre del año siguiente.
Expectativas de inversión y dudas institucionales
Para Álvarez, el sistema de licencias de la OFAC impide que la mayor parte del ingreso petrolero llegue directamente a las cuentas del Gobierno, lo que limita la posibilidad de aplicar estrategias económicas como un programa nacional de compras al sector privado. El economista sostiene que el país sigue operando bajo un mecanismo de tutela externa y plantea que las actuales cuentas tuteladas deberían convertirse en fondos soberanos.
Omar Zambrano, economista de la Universidad Católica Andrés Bello y director de la firma Anova, afirma que sí existe interés de inversionistas por el proceso que comenzó en Venezuela, aunque la mayoría de las visitas y contactos no se concretan por la incertidumbre. A su juicio, se trata de un Gobierno sin base institucional sólida, débil y condicionado por un tutor externo.
