Las familias que perdieron sus hogares principales durante los terremotos del pasado 24 de junio cuentan con un nuevo mecanismo de financiamiento para adquirir viviendas en el mercado secundario. El plan, denominado Venezuela Renace, combina subsidios directos y créditos bancarios a largo plazo para facilitar la reubicación de los afectados.
Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 951,34 Bs y la tasa oficial del BCV en 784,66 Bs, según Precio Dólar Paralelo.
Claves
- —Subsidios estatales de hasta el 80% según el valor del inmueble.
- —Plazo de pago de 25 años con una tasa de interés fija del 5%.
- —Habilitación de la banca pública y privada para tramitar las solicitudes.
Condiciones y límites de los financiamientos
El esquema de financiamiento anunciado por la dirigente chavista Delcy Rodríguez el pasado 28 de julio establece dos escalas de cobertura económica según el costo de la vivienda seleccionada por los beneficiarios en el mercado secundario.
El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, detalló que el programa contempla una tasa de interés del 5% y que el vendedor del inmueble recibirá el pago en dólares. Asimismo, se estima que la cuota mensual de pago no debería exceder el 25% de los ingresos mensuales del solicitante, por lo que las entidades financieras evaluarán la capacidad de pago de cada familia.
Requisitos y entidades bancarias autorizadas
Para optar a este beneficio, las familias afectadas deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios. El primer paso consiste en estar registrado en el censo biométrico realizado por las autoridades tras la contingencia. Adicionalmente, los solicitantes deben presentar la certificación de inhabitabilidad de la vivienda afectada y demostrar la titularidad de dicho inmueble.
El Ministerio de Economía y Finanzas habilitó inicialmente a tres instituciones de la banca pública para la recepción de carpetas:
- Banco de Venezuela
- Banco Digital de los Trabajadores (BDT)
- Banco del Tesoro
Pacheco anunció el 20 de agosto que la próxima semana se incorporarán al programa siete entidades financieras en total, sumando cuatro instituciones del sector privado a las tres públicas ya autorizadas. Los bancos participantes tienen un lapso de cinco días hábiles para emitir una respuesta formal sobre la aprobación del trámite.
Denuncias de trabas burocráticas e incertidumbre
A pesar del despliegue del plan, familias damnificadas han manifestado dificultades para acceder a los recursos. En testimonios recopilados por Infobae el 15 de agosto, los afectados señalaron la existencia de trabas administrativas y criterios inconsistentes entre las agencias bancarias.
Una vecina de Playa Grande, en el estado La Guaira, criticó la cantidad de recaudos exigidos en medio de la emergencia. Otro de los afectados reportó que en algunas oficinas le aseguraron que el desembolso se realizaría en dólares, mientras que en otras afirmaron que se pagaría en bolívares, lo que genera dudas sobre el impacto inflacionario en el precio final de venta de los inmuebles.
Reformas legales para impulsar la oferta habitacional
Como complemento a la política de subsidios, la Asamblea Nacional sancionó el 21 de agosto la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas. Esta normativa modifica la anterior Ley contra la Estafa Inmobiliaria con el propósito de estimular la inversión en el sector de la construcción y generar confianza tanto en promotores como en compradores.
Una comisión mixta parlamentaria se mantendrá activa durante un lapso de 30 días, prorrogables, para supervisar la aplicación de esta ley y coordinar los esfuerzos de reconstrucción tras los daños habitacionales causados por los sismos de junio.
