Los gremios del transporte público aplican desde este jueves 1 de octubre un nuevo ajuste en la tarifa urbana, fijando el pasaje mínimo en 220 bolívares dentro del área metropolitana de Caracas.
Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 945,10 Bs y la tasa oficial del BCV en 860,18 Bs, según Precio Dólar Paralelo.
El ajuste y su base cambiaria
La medida responde al esquema de actualización mensual acordado en mayo entre el Órgano Superior de Transporte y el Ejecutivo nacional. Según explicó Nelson Vivas, presidente del Bloque Suroeste de Caracas y vocero de la Asociación de Conductores La India, el monto de 220 bolívares adapta el cobro a la fluctuación cambiaria, tras cerrar septiembre en 200 bolívares.
El ajuste mantiene la tarifa anclada a una referencia de 0,25 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Rutas suburbanas y reclamos por costos operativos
Con la entrada en vigor de este nuevo tabulador, los trayectos en las rutas suburbanas se reajustan progresivamente en un rango que va desde los 300 hasta los 1.100 bolívares, según la distancia recorrida.
Sin embargo, la dirigencia gremial insiste en que el monto de 0,25 dólares no permite cubrir el incremento en los insumos y repuestos automotrices. Representantes del sector participan en la Comisión de Tarifas para proponer una nueva referencia que oscile entre 0,35 y 0,40 dólares.
A las dificultades operativas se suma la alta proporción de usuarios que reciben subsidios directos en las unidades. Según cómputos del sector, solo un 30% de los pasajeros cancela la tarifa completa, mientras que el 70% restante corresponde a adultos mayores y personas con discapacidad (exonerados al 100%) y estudiantes (con descuento del 50%).
Esta situación genera un impacto crítico en las rutas troncales operadas por rústicos de 12 puestos, donde la recaudación media por vuelta apenas alcanza el equivalente a tres dólares. Ante este escenario, los conductores han reiterado la solicitud de crear un bono de transporte compensatorio y mantienen acuerdos con los consejos comunales para establecer límites de exoneración por unidad.
