Colombia se ha consolidado como uno de los mercados de criptoactivos más dinámicos de América Latina, con un volumen de US$44.200 millones transados entre julio de 2024 y junio de 2025, según el más reciente informe de coyuntura económica del Banco de Occidente y ANIF. Este monto ubica al país en el quinto lugar regional, solo por detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela, y refleja la creciente adopción de estos activos entre más de cinco millones de colombianos.
Sin embargo, el avance en el control tributario —que desde el año gravable 2026 obliga a la DIAN a exigir el reporte de tenencia y operaciones con criptoactivos— no ha venido acompañado de un marco normativo que garantice la protección de los usuarios. El Estado conoce con mayor detalle quién opera y cuánto mueve, pero no ha establecido reglas claras sobre la custodia de los activos, la solvencia de las plataformas o los mecanismos para actuar ante quiebras, pérdidas de fondos o prácticas irregulares.
Un proyecto de ley en espera
Para abordar este vacío, existe un proyecto de ley elaborado con la participación del Banco de la República, Fogafín, la Unidad de Regulación Financiera (URF), la DIAN y la Fiscalía General de la Nación. La iniciativa propone la creación de un régimen de entidad especializada y un sandbox supervisado, un espacio controlado para probar nuevos modelos de negocio. No obstante, la propuesta aún no ha iniciado su trámite en el Congreso de la República, lo que deja al ecosistema sin un marco legal definido.
El informe destaca que, en contraste, 10 países de América Latina ya cuentan con alguna forma de regulación formal para criptoactivos. La experiencia internacional sugiere que la claridad normativa no solo no frena el crecimiento del sector, sino que puede impulsarlo. ANIF advierte que, sin regulación, el mercado colombiano —con un volumen comparable al de Venezuela— podría generar costos para el país en el futuro, especialmente ante el riesgo de operaciones sin garantías para los usuarios.
