El deterioro fiscal brasileño avanzaría si no se corrigen reglas de gasto y financiamiento, según un estudio que proyecta más presión sobre la deuda.
Brasil podría cerrar la década con una deuda pública equivalente al 105% del Producto Interno Bruto (PIB) si no avanza en una nueva ronda de reformas fiscales y estructurales, de acuerdo con un análisis del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.
Una tensión fiscal que aún no se vuelve visible
El informe describe la situación como una crisis “asintomática”, porque convive con indicadores de corto plazo que todavía muestran una economía relativamente firme. En ese contexto, el documento sostiene que el principal reto para la administración que comience el 1 de enero de 2027 será recuperar la credibilidad fiscal y frenar los mecanismos que hacen crecer automáticamente el gasto público.
El economista jefe del IERAL, el argentino Jorge Vasconcelos, advierte que, si el próximo gobierno no logra desindexar el gasto y recomponer la confianza de los mercados, la deuda seguiría una trayectoria ascendente con efectos negativos sobre la inversión privada. El estudio calcula que el gasto público viene creciendo en términos reales a un ritmo acumulativo de 5,1% anual desde 2022, mientras el costo financiero de la deuda equivale a ocho puntos del PIB por año.
Señales macroeconómicas y costos del endeudamiento
El trabajo destaca que, desde el inicio del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, la tasa de desempleo bajó de 9,5% a 5,5%, al tiempo que la deuda pública bruta subió de 71% a casi 83% del PIB. Para la Fundación Mediterránea, esa combinación ayuda a explicar por qué el problema fiscal no ocupa hoy el centro de la agenda pública, pese a su deterioro sostenido.
Las encuestas citadas en el estudio ubican como principales preocupaciones de la población la corrupción, el crimen, la violencia, la salud y la educación. En paralelo, el informe señala que las tasas de interés reales se mantienen por encima de 7% anual y que, al medir la diferencia entre la tasa SELIC y la inflación, el nivel se acerca a 9,6% anual. Ese contexto, según el análisis, desalienta la inversión privada y limita el avance de la productividad.
El papel del Congreso y las reformas pendientes
La entidad argentina recuerda que, a diferencia de lo ocurrido hace una década, el deterioro fiscal actual no está acompañado por una recesión visible. En el pasado, la profunda caída del PIB tras el final del gobierno de Dilma Rousseff facilitó el consenso político para las reformas laboral y de control del gasto impulsadas bajo Michel Temer. Ese episodio, según el documento, fue clave para revertir parte del deterioro y mejorar el desempeño frente a Argentina en crecimiento y empleo.
Ahora, el estudio ubica al Congreso como actor decisivo desde el 1 de enero de 2027, porque varias de las medidas requeridas necesitarían Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC), que exigen tres quintos de los votos en ambas cámaras. Entre las reformas mencionadas figuran la desindexación del gasto público, la revisión del vínculo entre jubilaciones y salario mínimo, el fin de asignaciones obligatorias de recursos tributarios, la focalización del gasto social y la reducción de subsidios y beneficios tributarios.
Como escenario alternativo, el texto cita estimaciones del Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP), según las cuales una reforma capaz de convertir el déficit primario de 0,5% del PIB en un superávit cercano al 3% permitiría estabilizar la deuda en torno al 80% del PIB durante la próxima década. Además, ese ajuste ayudaría a bajar las tasas reales de interés y acercarlas a niveles similares a los del final del gobierno de Temer. La advertencia final del informe es que el desafío consiste en actuar antes de que el deterioro deje de ser silencioso y se transforme en una crisis fiscal abierta.
