El nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo de Colombia plantea una reducción gradual de los déficits fiscal y primario en los próximos dos años, pero Goldman Sachs sostiene que la verdadera incógnita no está en las metas anunciadas por el Gobierno, sino en la posibilidad real de ejecutarlas.
Riesgos concentrados en el gasto
La entidad financiera considera razonables varios de los supuestos macroeconómicos y de ingresos incorporados en el plan, aunque mantiene una postura cautelosa sobre la capacidad de cumplir la trayectoria fiscal proyectada. Santiago Téllez, analista del banco, advierte que la senda de ajuste enfrenta “elevados riesgos de ejecución”, sobre todo porque parte de los recortes de gasto previstos para 2026 aún no ha sido especificada.
El MFMP calcula que el déficit primario bajaría de 3,5% del PIB en 2025 a 2,1% en 2026 y luego a 0,5% en 2027. En paralelo, el gasto primario caería desde 19,9% del PIB en 2025 hasta 18,2% en 2026 y 17,9% en 2027. Para Goldman Sachs, esa reducción luce ambiciosa, en especial porque el ajuste de 2026 incluye una disminución equivalente a 1,7 puntos del PIB concentrada en gastos flexibles que todavía no han sido detallados.
Téllez advierte además que “la mayor parte del ajuste recaería sobre la próxima administración”, mientras que el ritmo actual de ejecución presupuestal limita el margen para aplicar recortes adicionales durante el resto del año. Por eso, aunque el Gobierno presenta una ruta de consolidación fiscal, el banco mantiene una proyección más conservadora: estima que el déficit primario de 2026 podría ubicarse cerca de 3,4% del PIB, por encima del 2,1% oficial.
El peso del FEPC y los ingresos
Otro elemento que presiona las cuentas públicas es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El Gobierno calcula que ese mecanismo tendrá en 2026 un costo fiscal neto de COP$9 billones, equivalente a cerca de 0,5% del PIB, impulsado principalmente por la diferencia entre los precios internacionales y los precios internos del diésel.
En contraste con sus dudas sobre el gasto, Téllez considera razonables las proyecciones de ingresos. Los ingresos nominales crecerían 7,4%, por debajo del aumento previsto para el PIB nominal. Además, ve margen para que los recursos provenientes del sector de hidrocarburos superen las estimaciones oficiales durante 2026 y 2027.
La reforma tributaria y el relevo político
La principal sorpresa, según el analista, aparece en las proyecciones para 2027. El Gobierno prevé un aumento de ingresos estructurales cercano a COP$30 billones, equivalente a 1,4% del PIB, apoyado en una reforma tributaria que sería presentada antes del cambio de administración previsto para el 7 de agosto.
Sin embargo, el punto que más incertidumbre genera es el político. Téllez sostiene que las posibilidades de aprobación de esa reforma dependen en gran medida de la administración entrante. A su juicio, un gobierno de continuidad de izquierda tendría más opciones de respaldarla, mientras que uno de centroderecha podría archivarla o introducir cambios sustanciales.
Ese factor es clave porque una parte importante de la mejora fiscal proyectada para 2027 descansa en esos nuevos ingresos. Si la reforma no avanza en los términos previstos, la consolidación de las finanzas públicas podría enfrentar obstáculos adicionales.
Deuda y financiamiento bajo presión
Goldman Sachs también observa con atención la trayectoria de la deuda pública. El Gobierno proyecta que la deuda neta aumentará ligeramente hasta 58,9% del PIB en 2026, por encima del ancla de 55% contemplada por la regla fiscal actualmente suspendida, aunque todavía por debajo del umbral de 60% en el mediano plazo.
En paralelo, las necesidades de financiamiento seguirán siendo elevadas. Para 2026, se estiman requerimientos brutos por cerca de COP$150 billones, combinando emisiones locales, colocaciones internacionales, préstamos multilaterales y créditos bancarios.
En conjunto, la lectura de Téllez es que, aunque varios supuestos macroeconómicos y de ingresos parecen razonables, la consolidación fiscal depende de recortes de gasto y decisiones políticas que todavía no tienen garantía de ejecución. Por eso, el banco mantiene una advertencia de fondo sobre las finanzas públicas colombianas y sigue viendo un “alto riesgo de desviación fiscal”.
