Trabajadores y extrabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Venalum en Puerto Ordaz exigen que cualquier acuerdo para la reactivación de la industria del aluminio sea transparente y garantice los derechos de la clase obrera, ante las informaciones sobre el posible regreso del conglomerado multinacional Glencore a las operaciones de la planta en el estado Bolívar.

Claves

Exigen pago de deudas y transparencia por retorno de Glencore
  • Glencore y Mercuria Energy Group sostienen conversaciones sobre la recuperación operativa de CVG Venalum.
  • Sindicalistas y asesores denuncian deudas laborales acumuladas desde el año 2003 sin resolver.
  • La capacidad instalada de Venalum es de 430.000 toneladas anuales, pero su producción actual opera al 20 %.

Reclamos laborales pendientes y deudas históricas

Exigen pago de deudas y transparencia por retorno de Glencore

José Brito, asesor jurídico de las contratas de Glencore, advirtió sobre la preocupación latente en el sector metalúrgico debido a los compromisos económicos no saldados. El abogado señaló que los reclamos por contratos y beneficios socioeconómicos sin atender datan desde 2003, afectando no solo a Venalum, sino también a otras empresas del sector del aluminio como Carbonorca y Bauxilum.

Asimismo, los representantes gremiales cuestionan que los recursos financieros terminen destinados a cubrir compromisos con la multinacional mientras persisten los pasivos laborales acumulados durante años en las industrias básicas de Guayana.

Exigen pago de deudas y transparencia por retorno de Glencore

Llamado a la coordinación sindical en Guayana

Por su parte, el abogado y extrabajador Douglas Coriano Carmona alertó a los trabajadores de las distintas empresas del complejo industrial de Guayana —incluyendo a Alcasa, Bauxilum, Sidor, Ferrominera Orinoco, Maderas del Orinoco y Carbonorca— a unificar criterios y rechazar los términos de unas negociaciones que consideran lesivas para el futuro industrial de la región.

Los asesores jurídicos insistieron en que el debate no se limita exclusivamente a la recuperación de la infraestructura operativa de la planta, sino a las condiciones contractuales del acuerdo y a la respuesta definitiva frente a las deudas con los trabajadores de la principal reductora de aluminio del país.