Ante la contingencia provocada por los sismos, la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, planteó una «Ley Puente» para acelerar cambios normativos y reactivar la economía.

La organización presentó con «carácter de extrema urgencia» un «Macro Marco Jurídico de Transición» concebido como un instrumento legal único y excepcional, pensado para funcionar durante un lapso de entre 3 y 5 años.

Un marco transitorio para acelerar reformas

Según la propuesta, el volumen de leyes que requieren reforma supera la capacidad técnica y el tiempo disponible en este momento. Por eso, el gremio plantea una norma unificada que permita actuar de inmediato mientras se adapta de forma progresiva el resto del sistema normativo nacional.

El objetivo central es destrabar el aparato productivo y superar las reformas burocráticas lentas, en un contexto que el sector industrial considera de contingencia.

Tres ejes para reactivar la actividad económica

El documento base de Conindustria se apoya en tres líneas de acción: incentivos y estímulos fiscales, simplificación y desburocratización de trámites, y condiciones especiales para la reconstrucción.

En el primer punto, la propuesta contempla reducción o exención de tributos nacionales y locales para viabilizar la reindustrialización y acelerar la inversión nacional y extranjera. En el segundo, plantea agilizar procesos aduaneros y de transporte de carga, con prioridad para el ingreso eficiente de ayuda humanitaria al territorio nacional.

El tercer eje apunta a crear incentivos especiales para la operación comercial, el levantamiento integral y la reactivación de la economía. Tito López, presidente de Conindustria, sostuvo que la iniciativa busca activar el aparato productivo de manera inmediata, contrarrestar los efectos de los sismos, maximizar la formalidad empresarial y generar empleos estables.

El dirigente gremial agregó que la medida tendría impacto sobre manufactura, construcción, inmobiliario, comercio, servicios y turismo, entre otros sectores.