El mercado inmobiliario en el estado Miranda y en el resto de Venezuela enfrenta una reconfiguración con la entrada en vigencia de la ley de arrendamiento de viviendas de 2026, la cual coexistirá con la legislación previa de 2011. Esta dualidad jurídica busca dinamizar un sector afectado por el déficit habitacional y las recientes contingencias sísmicas.
Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 955,27 Bs y la tasa oficial del BCV en 775,34 Bs, según Precio Dólar Paralelo.
Coexistencia de dos marcos legales en el país
Yulis Matos, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, explicó que la nueva normativa de 2026 no deroga de forma retroactiva la legislación anterior. De este modo, los contratos firmados bajo la ley de 2011 y el decreto contra el desalojo arbitrario de 2015 mantienen su vigencia, mientras que las nuevas negociaciones se adaptarán al régimen especial de 2026.
Esta doble regulación tiene como propósito reactivar la oferta de inmuebles en el territorio nacional. Para ello, se eliminan los entes reguladores centralizados y se prioriza el acuerdo directo entre las partes interesadas, buscando destrabar un mercado fuertemente contraído.
Libre pacto y cánones en divisas al tipo oficial
Uno de los aspectos más destacados del nuevo instrumento legal es la preeminencia del pacto entre arrendador y arrendatario. Las partes podrán acordar el canon de arrendamiento en moneda extranjera, aunque el inquilino conservará la opción de realizar el pago en bolívares, calculado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al día de la transacción.
Asimismo, la ley de 2026 fija un tope de tres meses de depósito como garantía y establece mecanismos de arbitraje institucional para resolver cualquier disputa de manera más ágil, evitando los procesos judiciales prolongados que anteriormente desincentivaban a los propietarios a poner sus inmuebles en alquiler.
Limitaciones de financiamiento y servicios básicos
Respecto a las medidas anunciadas por el sector oficial para otorgar subsidios y créditos de hasta 100.000 dólares a través de la banca pública para la adquisición de viviendas, Matos señaló que la respuesta inmediata dependerá del mercado secundario. Esto se debe a que la cartera crediticia bancaria tradicional a largo plazo sigue inactiva debido a las restricciones del encaje legal.
Ante este panorama, la vocera gremial sugirió promover reformas urgentes a la Ley del Deudor Hipotecario y a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, además de impulsar alternativas de financiamiento a través del mercado de valores.
Finalmente, Matos advirtió que el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, como los que se ejecutan con capital propio en Guatire, los Altos Mirandinos y los Valles del Tuy, requiere solventar primero las fallas de vialidad y servicios públicos para garantizar un crecimiento urbano sostenible. En la actualidad, los compradores priorizan la estabilidad de los servicios y las estructuras sismorresistentes por encima de otros factores.
