Argentina dio un paso concreto en su lucha contra el cibercrimen con la adjudicación de un contrato para incorporar tecnología forense capaz de seguir el rastro de operaciones con Bitcoin y otros criptoactivos. La medida busca instalar capacidades permanentes de análisis blockchain en los laboratorios forenses del Ministerio Público.
La licitación 12/2026 abrió la puerta al rastreo forense de criptoactivos
La decisión se vincula con la necesidad planteada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, conocida como UFECI, y por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que pidieron herramientas equivalentes a las que ya usan sus pares europeos.
El proceso quedó formalizado en la licitación 12/2026 y contó con el análisis técnico de los peritos, que revisaron el paquete y confirmaron que cumplía los estándares mínimos requeridos.
La técnica de rastreo forense en blockchain permite identificar el origen, el destino y los intermediarios de cada transacción registrada en una cadena pública. Para eso se apoya en algoritmos de clustering y bases de datos que asocian direcciones con exchanges, mezcladores o wallets sospechosas.
| Oferta | Monto |
|---|---|
| Iafis | Más de 155,000 dólares, un 36% por encima del techo aprobado |
| Vec | 94,000 dólares |
Vec obtuvo la adjudicación y el Ministerio Público reforzará sus laboratorios
Vec presentó una propuesta de 94.000 dólares y se quedó con la adjudicación. La comisón evaluadora emitió el dictamen el 1 de julio de 2026 y recomendó formalmente la contratación.
Iafis, en cambio, quedó fuera de la competencia porque su cotización superó los 155.000 dólares, un 36% por encima del techo aprobado. La normativa argentina de compras públicas fija un margen máximo del 20%, por lo que la oferta fue descartada.
El nuevo software eleva el estándar de rastreo forense a nivel federal y permitirá que los fiscales hagan análisis internos sin depender de laboratorios externos. El Ministerio Público apunta a agilizar causas por estafas piramidales, hacks a exchanges y desvíos de dinero vinculados a corrupción o narcotráfico regional.
Según reportes recientes de Chainalysis, más de 5 millones de personas operan con criptoactivos de forma habitual en Argentina. En ese contexto, el rastreo sobre información pública de la blockchain no vulnera la privacidad de quienes cumplen con las normativas de PSAV, la figura de los proveedores de servicios de activos virtuales registrados.
Para el mercado formal, la señal es de mayor supervisión y profesionalización del ecosistema. La compra busca dejar atrás los peritajes ad hoc que dependían de proveedores externos ocasionales y consolidar una capacidad propia dentro de los laboratorios forenses.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal respaldó la adjudicación y recomendó formalizar la contratación tras validar los requisitos técnicos y económicos del proceso.
