Albuquerque, en Nuevo México, puso en vigor una ordenanza que prohíbe los cajeros de criptomonedas y las operaciones presenciales que facilitan. Los equipos deben dejar de funcionar de inmediato y sus operadores tienen 45 días para retirarlos; la cobertura local sitúa el plazo antes del 5 de diciembre.
La prohibición también alcanza a los locales que alojan cajeros
La Ordenanza sobre Monedas Virtuales, identificada como O-26-49, prohíbe tanto operar estos quioscos como permitir que funcionen en inmuebles, comercios o espacios arrendados. La obligación, por tanto, comprende a operadores y a quienes faciliten el lugar donde se realizan las transacciones.
El Ayuntamiento aprobó la medida el 9 de septiembre y el alcalde Tim Keller la promulgó el 2 de octubre, según la información municipal. Las concejalas Stephanie Telles, del Distrito 1, y Tammy Fiebelkorn, del Distrito 7, patrocinaron la ordenanza.
La norma se limita a los cajeros y a los pagos presenciales que procesan para proveedores de criptomonedas. No prohíbe que los residentes posean, minen o transfieran activos digitales desde carteras personales o plataformas en Internet.
Las multas pueden llegar a 500 dólares por día
La ciudad advierte que incumplir la ordenanza puede acarrear multas de 500 dólares diarios y la revocación de la licencia comercial. Alan Varela, director del Departamento de Urbanismo, dijo que las autoridades municipales y estatales coordinan la aplicación de la norma y señaló que un negocio que no cumpla podría afrontar el cierre total.
La preocupación municipal se relaciona con estafas en las que se convence a una persona de depositar efectivo en un cajero y enviar las criptomonedas a una dirección controlada por delincuentes. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos citó más de 388 millones de dólares en pérdidas denunciadas durante 2025; la cifra corresponde a reportes y no necesariamente al total de los casos.
Los residentes pueden informar presuntas infracciones de manera anónima por el 311, mediante un formulario en línea o con la aplicación ABQ311, según la ciudad. La denuncia de una posible infracción no determina por sí sola la responsabilidad.
En el ámbito federal, el proyecto S.710 propone límites a las transacciones, advertencias contra fraudes y reembolsos de ciertas comisiones. La iniciativa, que también contempla obligaciones de reporte y conservación de registros, sigue siendo un proyecto y no una ley vigente. Su ficha legislativa está disponible en el Congreso de Estados Unidos.
