El Gobierno de Colombia empezó a modificar las reglas de la consulta previa, el mecanismo que obliga a dialogar con pueblos indígenas y afrodescendientes cuando una obra o decisión estatal puede afectar sus territorios. El paquete incluye decretos, reformas y una directiva presidencial, con el argumento oficial de darle “orden y agilidad” al proceso.
La consulta previa está amparada por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Constitución de 1991, y se activa en proyectos de infraestructura, minería, energía, petróleo o actos administrativos que impactan a las comunidades. El Gobierno sostiene que el procedimiento quedó atrapado en el desorden y en la intermediación de terceros.
Cambios que impulsa el Ejecutivo
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para permitir que el licenciamiento ambiental avance mientras corre la consulta previa. Hasta ahora, ese trámite no podía seguir sin que terminara el diálogo con la comunidad.
En paralelo, el Ministerio del Interior anunció una reforma para digitalizar expedientes, crear una ventanilla única, instalar un comité independiente de seguimiento y reducir en 90 días el represamiento de consultas, de acuerdo con el exministro Rodrigo Lara, quien renunció el 22 de octubre. Además, la directiva 06 plantea “orden, agilidad y transparencia institucional” y elimina el test de proporcionalidad, que servía para analizar si un proyecto podía seguir aun sin acuerdo.
