El gobierno de Abelardo De la Espriella derogó en los últimos días la Resolución 961, que prohibía la megaminería y la explotación de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, y volvió a abrir la posibilidad de concesiones extractivas en la selva.
La decisión coincide con un acuerdo bilateral con Estados Unidos para explorar y exportar minerales críticos, recursos demandados para la transición energética de las potencias.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la norma se echó atrás porque fue expedida sin culminar la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse afectadas directamente.
Irene Vélez, exministra de Ambiente en el gobierno de Gustavo Petro, afirmó en redes sociales que la derogatoria no responde a una supuesta incertidumbre económica, sino a una maniobra para entregar a Estados Unidos los minerales que necesita y sacrificar el territorio. “Si no reaccionamos, entregarán nuestra Amazonía al mejor postor”, advirtió.
