Cientos de vecinos de La Lastra y Puente Castro se movilizaron en el centro de León para rechazar la construcción de una macroplanta de biomasa proyectada…
Cientos de vecinos de La Lastra y Puente Castro se movilizaron en el centro de León para rechazar la construcción de una macroplanta de biomasa proyectada en el sur de la ciudad, destinada a suministrar calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas y 150 edificios. Los manifestantes advierten que la instalación puede generar olores y emisiones nocivas cuando cambie la dirección del viento.
Una protesta en San Marcelo
La concentración se realizó en la plaza de San Marcelo, donde los asistentes corearon consignas contra el proyecto y reclamaron su paralización. La movilización reunió a residentes de dos barrios que han unificado sus reclamos ante lo que consideran un impacto ambiental inminente en la zona sur de la capital leonesa.
La portavoz vecinal de La Lastra, Ruth Sanz, afirmó que el principal temor de la población es que, una vez en funcionamiento la planta, el aire arrastre sustancias perjudiciales hacia otros sectores de la ciudad. Bajo el lema de "nuestra salud no se vende", los vecinos insisten en detener las obras antes de que avancen más.
El proyecto y la red de calor
La iniciativa está promovida por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León a través de Somacyl, con el objetivo de desarrollar una Red de Calor Sostenible. El plan contempla la construcción de una central térmica que abastezca de calefacción y agua caliente a gran parte de la ciudad.
De acuerdo con la información técnica difundida sobre el proyecto, la infraestructura aspira a sustituir progresivamente más de 1.200 calderas de combustibles fósiles, evitar la emisión de 35.000 toneladas de dióxido de carbono al año y permitir un ahorro de entre 20 % y 30 % en la factura de las comunidades de vecinos.
Críticas por la ubicación y la tramitación
El complejo ocuparía 22 hectáreas en las afueras del núcleo urbano, en una zona situada junto al cementerio municipal y los ríos Torío y Bernesga. La Junta tramitó la actuación bajo la figura de Proyecto Regional, mecanismo que permite unificar contratos por la vía de urgencia, agilizar expropiaciones y sortear trabas urbanísticas locales.
Los colectivos vecinales también cuestionan la postura del alcalde de León, José Antonio Diez. Recuerdan que cuando estaba en la oposición encabezó protestas contra una planta de biomasa similar en Cantamilanos y que ahora avala una instalación de mayores dimensiones.
Alertas ambientales
Ecologistas en Acción sostiene en sus alegaciones que la planta, por sus dimensiones y su cercanía a zonas habitadas, no es ambientalmente sostenible. La organización advierte de que la combustión industrial liberaría al aire benzopireno, metales pesados y partículas.
La entidad también cuestiona el consumo de recursos previsto: la instalación requeriría hasta 128.000 toneladas anuales de astillas forestales, con el riesgo de sobreexplotación de los montes, y 35.000 metros cúbicos de agua procedentes de la red urbana. Según su planteamiento, no constan informes técnicos del Ayuntamiento que garanticen que esa demanda no afectará el suministro de la población.
Dimensiones, tráfico y residuos
Los datos técnicos del proyecto apuntan a la instalación de cuatro chimeneas de 35 metros de altura, una dimensión equivalente a un edificio de once plantas. Además, la actividad de los hornos produciría cada año 4.480 toneladas de ceniza, escorias y polvo, y supondría la entrada y salida diaria de hasta 20 camiones pesados por el barrio.
Ese volumen de actividad ha incrementado la preocupación entre los residentes, que temen un deterioro del entorno y un aumento de las molestias por ruido, tráfico y emisiones.
Un proyecto judicializado
La controversia ya llegó a los tribunales. Vecinos y ecologistas esperan la resolución de un recurso contencioso-administrativo presentado contra las licencias municipales concedidas para la red de tuberías.
La portavoz vecinal aseguró en la protesta que las obras comenzaron sin las licencias pertinentes y calificó la operación como un "negocio de dos". También planteó que el caso podría terminar revelando intereses particulares, en una comparación con la llamada Trama Eólica.
Cuenta atrás para la obra
Mientras continúan las movilizaciones y avanza el proceso judicial, el proyecto tiene un plazo legal de cinco años para materializar las infraestructuras. Si no se concreta dentro de ese tiempo, podría decaer definitivamente.
En este escenario, León queda ante una disputa entre la apuesta institucional por una red de calor considerada estratégica para la transición energética y la oposición vecinal que rechaza la instalación por sus posibles efectos sobre la salud, el entorno y la vida cotidiana en los barrios del sur.
