La Generalitat de Cataluña ha puesto sobre la mesa una propuesta para reducir el teletrabajo entre sus funcionarios: ofrecer un complemento salarial de…
La Generalitat de Cataluña ha puesto sobre la mesa una propuesta para reducir el teletrabajo entre sus funcionarios: ofrecer un complemento salarial de entre 90 y 200 euros mensuales a quienes renuncien voluntariamente al trabajo remoto y vuelvan de forma presencial a la oficina.
Un incentivo para dejar el trabajo remoto
El Govern no plantea prohibir el teletrabajo, pero sí introducir medidas para desincentivar que los empleados públicos lo soliciten. La fórmula prevista es el denominado complemento de asistencia operativa inmediata, que se sumaría al salario de quienes abandonen los días de teletrabajo reconocidos en su puesto.
La administración catalana sostiene que la decisión sería completamente voluntaria. Aun así, la cuantía de la nómina variaría en función de si el funcionario decide acogerse o no a ese incentivo.
Los detalles definitivos todavía están en discusión en la Mesa de la Función Pública. Entre los puntos pendientes figuran el monto exacto, quiénes podrán cobrarlo y si también se incluirá a los funcionarios a los que ya se les retiró el teletrabajo.
La medida se amplía tras el precedente con los altos cargos
La discusión comenzó hace año y medio. En enero de 2025, el Govern eliminó el teletrabajo para sus altos cargos, una decisión que afectó directamente a unos 500 funcionarios, entre directores generales, secretarios generales y puestos similares.
La Conselleria de Presidencia, encabezada por Albert Dalmau, justificó la medida al señalar que esos cargos requieren presencia efectiva y constante para asegurar una supervisión eficaz.
La reacción fue inmediata. Más de 200 altos funcionarios firmaron un manifiesto en el que calificaron la decisión como un modelo del siglo XIX.
Ahora, la propuesta se extiende al resto de la plantilla de la administración catalana que tiene autorización para teletrabajar, cerca de 14.900 funcionarios.
Calendario y posible entrada en vigor
La próxima reunión de la Mesa de la Función Pública está prevista para el 1 de julio. Si hay acuerdo, la medida no entraría en vigor antes de enero de 2027.
Con esta iniciativa, la Generalitat le pone un valor económico a la presencialidad en la administración pública. Hasta ahora, la norma general en la función pública española establece que el teletrabajo es neutro desde el punto de vista económico: no implica un pago adicional ni un descuento por no realizarse. El artículo 47 bis 3 del Estatuto Básico del Empleado Público indica que el personal que trabaja mediante teletrabajo conserva los mismos deberes y derechos.
Con el complemento propuesto, optar por la oficina representaría una mejora salarial frente a quienes mantengan la modalidad remota, aun cuando las obligaciones sean las mismas.
Una decisión que va a contracorriente del Gobierno central
La apuesta de Cataluña contrasta con la del Gobierno central, que impulsa más teletrabajo en la administración. Datos del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública señalan que el 52,4 % de los empleados de la Administración General del Estado trabaja a distancia al menos una vez por semana, lo que representa a más de 93.600 funcionarios en modalidad híbrida.
Ese porcentaje se registra en un contexto de implantación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios.
En Cataluña también se negocia la reducción de la jornada de 37,5 a 35 horas, aunque el Govern ha vinculado esa rebaja a una reducción del teletrabajo.
Posturas enfrentadas entre los sindicatos
La propuesta ha generado rechazo entre las distintas organizaciones sindicales. La IAC-CATAC, la central con más delegados, se ha declarado radicalmente en contra.
UGT y CCOO también se oponen a la medida, aunque mantienen una disposición mayor a negociar las condiciones. Desde CCOO plantean que el complemento debería extenderse a todas las personas que trabajen toda la jornada de forma presencial y no solo a quienes renuncien expresamente al teletrabajo, para evitar un agravio retributivo.
