La exministra cuestionó que José Antonio Kast mantenga a Fernando Rabat en Justicia tras la polémica por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
La exministra vocera de gobierno Camila Vallejo cuestionó con dureza que José Antonio Kast mantenga en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Silva salió del cargo en medio de la presión
Hasta ahora, el único integrante de la cartera que dejó su puesto fue el exsubsecretario Luis Silva, después de publicar un video en el que explicó por qué firmó algunos decretos. Ese registro, según se expuso, no habría sido informado previamente al ministro.
Vallejo dijo en radio Nuevo Mundo que lo correcto sería que el Presidente de la República hiciera valer responsabilidades políticas ante el error cometido, algo que —según afirmó— no ha ocurrido hasta el momento.
También sostuvo que la salida de Silva se debió más a que grabó una vocería en video sin autorización del ministro que a la gravedad de los hechos que se investigan políticamente.
Críticas por la gestión de la controversia
La exministra afirmó que hubo un cambio en el criterio político del Ministerio de Justicia, al pasar de rechazar las rebajas de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad a aprobarlas por vía administrativa sin esperar una orden judicial.
Agregó que la situación le parece “muy extraña” y que el impacto sobre las víctimas, las familias y el sistema de justicia es tan grande que no bastaría con una disculpa, un discurso o la salida de un subsecretario.
“Es realmente incomprensible cómo es posible que el Presidente José Antonio Kast siga respaldando políticamente a un ministro que ha mentido, que ha cambiado las versiones, que ha ocultado información, que ha entregado información parcial”, dijo Vallejo.
La exministra concluyó que se trata de una crisis política para el gobierno y el sector oficialista, pero sobre todo de un problema que está golpeando la credibilidad del sistema y afectando a las víctimas, sin que —a su juicio— se hayan tomado consecuencias políticas proporcionales.
También criticó que se presente el caso como un problema del Estado, al considerar que esa explicación diluye responsabilidades y evita que el gobierno asuma el error político que, según ella, ya quedó expuesto.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
