La iniciativa ingresó a la Cámara y abre un cambio profundo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos: le quita la querella criminal, reduce consejeros y crea una dirección ejecutiva.
A eso de las 17.00, al comenzar la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, la oposición se encontró con el ingreso de un proyecto de ley que propone reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con la firma del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El eje: menos atribuciones y una nueva estructura
La iniciativa apunta a quitarle al INDH la facultad de presentar querellas criminales y reemplazarla por denuncias. También reduce el número de consejeros de 11 a cinco, y limita sus periodos a cuatro años.
En materia de designaciones, el Ejecutivo propone un esquema mixto, con participación de poderes públicos y sociedad civil. Además, el texto crea el cargo de director ejecutivo, que sería elegido mediante un concurso de Alta Dirección Pública.
El proyecto incorpora cambios en transparencia: el INDH deberá incluir en su informe anual las actividades realizadas, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado y la ejecución presupuestaria.
Choque político por la tramitación
En el punto de la cuenta destinado a los diputados para referirse a los asuntos del día, Marcos Barraza intentó derivar la iniciativa a la Comisión de Constitución, de la cual forma parte, tras su ingreso a Derechos Humanos. Sin embargo, en la votación se impuso la postura contraria y el proyecto quedó radicado solo en esa última instancia.
Consultado, Rabat sostuvo que las modificaciones se concentran en la integración de los órganos consejeros y en la dirección ejecutiva. También planteó que la intención es convertir al INDH en un órgano de carácter consultivo en derechos humanos, lo que implica eliminar la facultad de interponer querellas criminales, pero no la de hacer denuncias penales.
El ministro además descartó que la iniciativa vaya a complicar la relación con la oposición o la tramitación de la agenda de seguridad o del presupuesto de Justicia. Dijo que el proyecto se basa en un informe transversal surgido al alero de la Ley de Presupuesto de 2025.
Las reacciones de oficialismo y oposición
Desde el oficialismo, Enrique Bassaletti valoró el contenido del proyecto y afirmó que existe suficiente evidencia histórica para sostener que el INDH está “bastante contaminado con una visión política de los hechos”. También argumentó que, en la regla general, los institutos de derechos humanos similares en Latinoamérica no tienen facultad para querellarse.
Sergio Bobadilla también respaldó el ingreso del texto, aunque fue más lejos y afirmó que debería avanzarse en la eliminación del instituto. Según dijo, reducir consejeros y quitar la posibilidad de presentar querellas criminales son avances, pero no resuelven los problemas de fondo de una institución que, a su juicio, “no tiene solución”.
En la vereda contraria, Carlos Cuadrado reprochó que una materia vinculada a derechos humanos no se haya conversado ni trabajado con diálogo, lo que —a su juicio— genera dudas y reduce la disposición a avanzar. Añadió que, si ya existía un proyecto de modificación, lo lógico era que el gobierno lo asumiera, lo desarrollara y lo continuara.
Raúl Leiva también criticó la forma en que se presentó la iniciativa. Señaló que en la comisión ya se trabajaba un proyecto de ley de la diputada Ossandón sobre cambios al INDH, y acusó al Ejecutivo de presentar “de un plumazo” un texto totalmente distinto, sin deferencia con el legislador ni una coordinación adecuada en el oficialismo.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
