Mirosevic asume la comisión y propone una agenda propia de seguridad

El senador chileno Vlado Mirosevic asumió la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado en reemplazo de Pedro Araya y afirmó este domingo que impulsará iniciativas de seguridad sin bloquear la agenda del Ejecutivo. También advirtió que no necesariamente apoyará los acuerdos alcanzados antes de su llegada.

El cambio respondió a una decisión del comité opositor

En una entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, Mirosevic dijo que su designación fue decidida dentro del comité del Socialismo Democrático, tras cuestionamientos al alineamiento de Araya con el gobierno de José Antonio Kast.

El senador sostuvo que es legítimo cambiar a un representante de una comisión cuando deja de expresar la posición de su comité. Aclaró que su llegada no busca dinamitar la agenda de seguridad, sino incorporar la voz de la oposición en las negociaciones.

Mirosevic cuestiona acuerdos previos sobre medidas de emergencia

El nuevo presidente de la comisión dijo estar dispuesto al diálogo, pero rechazó que su participación implique suscribir acuerdos individuales. Planteó que quiere promover una agenda propia de proyectos y debatir también las propuestas del Ejecutivo.

Entre las iniciativas que mencionó está un proyecto para sancionar el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, que, según indicó, ya recibió aprobación de la Cámara de Diputados.

Mirosevic expresó reservas sobre un acuerdo para modificar el estado de excepción constitucional de emergencia, en particular por las facultades preventivas que se entregarían al Ejecutivo para anticiparse a situaciones de violencia. Dijo que no participó en ese acuerdo y que, por sus dudas sobre la medida, no está en condiciones de respaldarla.

El senador calificó de lenta la actuación del gobierno en seguridad y aseguró que avanzará más rápido. También descartó que el relevo en la comisión deba alterar el acuerdo administrativo del Senado: lo describió como una controversia interna opositora que, a su juicio, no justifica modificar los compromisos de gobernabilidad de la corporación.