Cordero alerta por la pausa de decretos de rebaja penal

El exministro de Justicia de Chile Luis Cordero advirtió este domingo que la suspensión de la firma de decretos para rebajar condenas, ordenada por el actual titular de esa cartera, Fernando Rabat, podría exponerlo a un riesgo jurídico. En una entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, afirmó que las autoridades deben resolver oportunamente las solicitudes de personas privadas de libertad.

Cordero sostiene que las solicitudes deben resolverse

“Cuando una persona está privada de libertad, el deber de las autoridades es resolver rápidamente, positiva o negativamente, pero tiene que resolver”, dijo Cordero. A su juicio, Rabat asume un riesgo al suspender la tramitación, porque tiene la obligación de pronunciarse.

El exministro señaló que los tribunales suelen ser estrictos ante demoras administrativas que puedan mantener en prisión a personas que, después de una rebaja de condena, ya deberían haber recuperado la libertad. Añadió que la autoridad no puede dejar esas decisiones suspendidas indefinidamente.

La controversia gira en torno a la interpretación de la normativa que, desde 2022, excluye del beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Durante la administración de Gabriel Boric, algunas solicitudes fueron rechazadas por el Ejecutivo y luego acogidas por tribunales mediante recursos de amparo, según el relato de Cordero.

Sectores de la oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra Rabat. Cordero recordó que una causal para acusar a un ministro es dejar sin ejecución la ley, pero reconoció que Rabat podría defender su decisión con una interpretación jurídica plausible. También expresó reparos al uso de estas acusaciones como herramienta política.

Los beneficios ya ejecutados serían difíciles de revertir

Sobre los decretos de rebaja ya firmados, Cordero sostuvo que sería prácticamente imposible retirar los beneficios que ya se otorgaron y cumplieron. Consultado sobre si quienes recuperaron la libertad permanecerían en esa condición, respondió: “Así es”.

El exministro también cuestionó la comunicación del Ejecutivo, en particular la comparación entre decretos firmados durante la administración anterior y los del actual Gobierno. Afirmó que el decreto suscrito por Jaime Gajardo respondió al cumplimiento de una sentencia judicial, mientras que la medida reciente se basó en una interpretación propia de la normativa. “En el derecho es tan importante la decisión como los fundamentos”, señaló.

Cordero criticó que, durante una vocería oficial, se presentaran argumentos para defender la posición del Ejecutivo. Recordó que las autoridades deben actuar con veracidad cuando informan por canales institucionales y aludió a criterios de la Contraloría. También planteó que, en ocasiones, es mejor pedir disculpas que profundizar los conflictos.

Por último, cuestionó la necesidad de impulsar una ley específica para esta controversia. Según explicó, el proyecto de Ley de Ejecución de Penas, aprobado por la Cámara de Diputados, está en el Senado. Advirtió que una reforma limitada a los delitos sexuales contra menores podría afectar otros mecanismos de cumplimiento de penas y beneficios penitenciarios.