La crisis por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad dominó este viernes una reunión en La Moneda entre el Mandatario y representantes de los partidos de gobierno. En el encuentro, el Ejecutivo decidió blindar a Fernando Rabat y ordenar que no se cursen nuevos decretos mientras se impulsa un cambio legal.

A la cita llegaron Guillermo Ramírez, Andrea Balladares, Luciano Cruz-Coke, Arturo Squella y Jorge Sepúlveda, además del nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas. Aunque la instancia estaba pensada para revisar prioridades políticas, el caso terminó absorbiendo la conversación y desplazando el resto de la agenda.

El Gobierno cierra la puerta a nuevos decretos

Minutos después de la reunión, el Ministerio de Justicia comunicó que no visará nuevos decretos que estén en trámite de rebaja de condena. La medida busca cerrar temporalmente esa vía mientras se avanza en una modificación legal para corregir el problema que, según el oficialismo, dejó abierto la normativa vigente.

El trasfondo de la controversia es que la legislación vigente desde febrero de 2022 excluye de ese beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el ministerio dirigido por Rabat optó por conceder rebajas a personas sentenciadas antes de esa fecha, con el argumento de que la Corte Suprema había acogido recursos de amparo de condenados a quienes se les había negado el beneficio.

Esa decisión contrastó con el criterio aplicado durante el gobierno de Gabriel Boric, que rechazaba las solicitudes y dejaba que los casos escalaran a los tribunales. En el oficialismo reconocen que la polémica abrió preguntas sobre por qué se cambió el criterio administrativo y si existe alguna vía para revertir lo ya concedido.

Rabat conserva el respaldo del Mandatario

Pese a la ofensiva de la oposición, que ha pedido la renuncia del secretario de Estado y ha amagado con una acusación constitucional, el Mandatario transmitió su respaldo a Rabat. Según los participantes de la conversación, la preocupación de La Moneda estuvo puesta en mantenerlo en el cargo y despejar las dudas sobre su continuidad.

Rabat dedicó buena parte del jueves y el viernes a defender el criterio aplicado en entrevistas con Mega, Tele13 Radio y Radio Duna. Sostuvo que su decisión se sustentó en la interpretación que, a su juicio, había establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema, y defendió la necesidad de corregir por la vía legislativa el problema que, según él, dejó la normativa.

Consultado sobre la posibilidad de anular o retrotraer los beneficios ya otorgados, no descartó esa alternativa, pero tampoco aseguró que fuera viable. “Tendría que evaluarlo con las consecuencias que tiene este beneficio. Hay que analizarlo debidamente”, dijo.

El nuevo vocero, Gonzalo Arenas, también reconoció que el procedimiento pudo haberse hecho de otra manera, aunque descartó que eso pusiera en duda la continuidad del ministro. “Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor”, señaló, antes de insistir en que el objetivo del Gobierno es corregir la ley y no cambiar el criterio administrativo.

Sobre los decretos ya ejecutoriados, Arenas sostuvo que la suspensión alcanzará solo a los que están en trámite. “Los que están ejecutoreados, se entiende que ya pasaron todo el trámite legal y por lo tanto la suspensión no procede”, afirmó.

La salida legal no despeja el problema de fondo

La estrategia del Ejecutivo tampoco resuelve por sí sola qué ocurrirá con quienes ya recibieron el beneficio. Entre los asistentes a la reunión no había claridad sobre si existe una alternativa efectiva para dejar sin efecto esas resoluciones, y la búsqueda quedó en manos de expertos jurídicos.

En paralelo, el Gobierno ha desplegado minutas y lineamientos comunicacionales para ordenar la respuesta de sus filas. La bajada transmitida a los parlamentarios es que el Ejecutivo detectó un problema legal que la administración anterior no resolvió y que será corregido mediante un proyecto de ley.

La discusión también abrió dudas jurídicas más complejas. Expertos advierten diferencias relevantes entre revocar un acto administrativo favorable e invalidarlo por una eventual ilegalidad. La revocación está limitada por el artículo 61 de la Ley N° 19.880, que impide dejar sin efecto actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente.

La invalidación, regulada en el artículo 53 de la misma ley, es otra vía posible si la autoridad concluyera que los decretos fueron dictados ilegalmente. Sin embargo, esa alternativa también enfrenta obstáculos, entre ellos jurisprudencia de la Contraloría que restringe su uso cuando se han consolidado situaciones de buena fe y los procedimientos siguieron sus etapas habituales.

Mientras tanto, el caso dejó al oficialismo obligado a explicar por qué se modificó el criterio anterior, cómo se actuará con los decretos ya firmados y hasta dónde alcanza la suspensión anunciada. Por ahora, la respuesta del Gobierno es política y legislativa; la jurídica, en cambio, sigue abierta.