El presidente de Chile, José Antonio Kast, admitió este lunes que su gobierno cometió un error al rebajar las penas de 56 personas condenadas, en su mayoría por delitos sexuales contra menores.
“No hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel”, dijo Kast en un mensaje televisado desde el palacio de La Moneda, acompañado por parte de su gabinete. También afirmó que “el Estado falló” a las víctimas.
Entre los beneficiados hubo al menos dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de acuerdo con la prensa local. Las rebajas se firmaron entre marzo y septiembre, después de que una reforma aprobada en 2022 excluyera a los pederastas de ese tipo de beneficios.
Choque dentro del gobierno
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió primero los decretos y luego sostuvo que correspondía aplicarlos por normas constitucionales. Más tarde añadió que existía jurisprudencia de la Corte Suprema para respaldar su actuación.
La presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich, le salió al paso y señaló que fue el ministro quien dictó los decretos “conforme a las facultades legales que tiene”. Agregó que, si no se presenta un recurso de amparo, los tribunales no pueden pronunciarse sobre esa decisión.
Kast descartó destituir a Rabat y dijo que seguirá en el cargo para “liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”. El presidente también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para cerrar el vacío legal que, a su juicio, permitió la rebaja de condenas, y que suspenderá la emisión de nuevos decretos mientras el Parlamento analiza el asunto.
Las críticas alcanzaron a la propia base oficialista. El diputado Diego Schalper apoyó que se intentara dejar sin efecto los actos administrativos, mientras la senadora Fabiola Campillai pidió la renuncia de Rabat y del subsecretario de Justicia, Luis Silva. El diputado Gonzalo Winter cuestionó que no se haya asumido responsabilidad política.
El caso golpeó la imagen del mandatario, cuya gestión es reprobada por el 66% y cuyo beneficio a los condenados rechaza el 92% de la ciudadanía, según Plaza Pública.
