El ministro de Justicia llegó al Senado bajo fuerte presión y reconoció que 40 de los 54 casos cuestionados ya tenían recursos de amparo favorables antes de los decretos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrentó este martes una jornada tensa en el Congreso, donde explicó los decretos que rebajaron penas a condenados por delitos sexuales contra menores y admitió que, en al menos 40 de los 54 casos observados, ya existían recursos de amparo previos favorables.
Su paso por la Comisión de Constitución del Senado y la conferencia posterior estuvieron marcados por la presión política, mientras este miércoles la Cámara de Diputados lo citará a una sesión especial para que defienda los fundamentos jurídicos de las rebajas y responda por la crisis que desató la medida.
La defensa de Rabat ante los senadores
Rabat sostuvo que actuó conforme a la ley y que la Ley 19.856, que crea un sistema de reinserción social basado en la buena conducta, deja escaso margen para negar beneficios, salvo casos muy puntuales.
También afirmó que, en la mayoría de los expedientes cuestionados, había resoluciones judiciales que lo obligaban a firmar los decretos. “En el caso que ha llamado la atención estos días, de los 54 casos que el Ministerio de Justicia determinó que era procedente el beneficio, hay, a lo menos, hasta este momento, 40 de ellos que tenían un recurso de amparo previo”, dijo.
Agregó que la comisión que revisa los beneficios los había excluido porque, a su juicio, estaban dentro de las excepciones contempladas en el literal e) del artículo 17. “Uno puede sino cumplir una sentencia ejecutoriada de las cortes o de los tribunales superiores del país”, afirmó.
El ministro también aseguró que el problema de interpretación fue detectado poco después de la publicación de la ley en febrero de 2022, cuando se presentó el primer recurso de amparo.
Presión política y riesgo de acusación
La sesión en el Senado fue descrita como tensa. Las senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini le plantearon nuevas revelaciones sobre casos vinculados, según dijeron, a una banda de extorsionadores ligada al Tren de Aragua y a la liberación de un condenado por violaciones a los derechos humanos.
En paralelo, el debate en la Comisión de Constitución incluyó propuestas para fusionar cuatro iniciativas que buscan restringir este tipo de beneficios carcelarios, entre ellas una del gobierno. El senador Vlado Mirosevic propuso avanzar hacia un cambio legal que impida que un ministro o un gobierno vuelva a interpretar la norma en favor de condenados por delitos sexuales.
La senadora Claudia Pascual sostuvo que lo ocurrido no era solo un problema de interpretación jurídica, sino también de prudencia del Ejecutivo. En defensa de Rabat, Andrés Longton planteó que la salida debería ser una ley interpretativa, mientras Arturo Squella fue más lejos y sugirió derogar la Ley 19.856 para que ningún condenado se beneficie de ella.
La cita de este miércoles en la Cámara de Diputados, programada para las 15:00, será la prueba más dura para Rabat. Al final de la sesión, las bancadas votarán resoluciones que pueden anticipar el clima político y medir si existe piso para una eventual acusación constitucional.
Se amplía el llamado a su salida
La presión sobre Rabat también creció dentro del oficialismo. María José Gatica dijo que su renuncia era “lo mínimo” que se debía hacer, y Rojo Edwards afirmó en Radio Infinita que la magnitud del error hacía que el ministro no debiera seguir en el cargo.
Luego se sumaron Omar Sabat y Claudia Mora, quienes sostuvieron que su permanencia es insostenible y que el gobierno quedó comprometido por el caso. Ambos apuntaron a que el asunto involucra a niños y jóvenes, y que el ministro debe dar un paso al costado.
En medio de esa presión, Rabat se preparó con su equipo más cercano para la sesión de este miércoles, mientras en La Moneda se multiplicaban las dudas sobre el costo político de la crisis.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
