La polémica por 56 condenas reducidas abrió una crisis política y jurídica en Chile. Justicia evalúa cómo revertir los decretos mientras crece la presión sobre Fernando Rabat.
El gobierno chileno busca una salida para revertir las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, una decisión que desató una crisis política en La Moneda y dejó bajo presión al ministro Fernando Rabat.
A casi una semana del inicio de la controversia, el Ejecutivo estudia cómo dejar sin efecto las resoluciones ya cursadas, mientras persisten las dudas sobre la continuidad del titular de Justicia y sobre el criterio aplicado para resolver estas solicitudes.
Dos caminos en evaluación
Rabat confirmó este domingo, en entrevista con Estado Nacional de TVN, que el gobierno analiza dos vías: una reforma constitucional transitoria y una alternativa administrativa dentro del propio Ministerio de Justicia.
“Existe otra opción por la vía administrativa que nosotros estamos estudiando y ampliando, que es revocar el acto administrativo respectivo. Estamos estudiando ambas situaciones”, dijo el ministro, quien añadió que esperan una resolución final en el corto plazo.
La discusión se abrió luego de que Justicia modificara el criterio usado por la administración anterior para resolver estas solicitudes, con base en pronunciamientos de la Corte Suprema. El resultado provocó críticas desde la oposición y también desde sectores oficialistas.
Sin embargo, la salida jurídica no aparece sencilla. Especialistas distinguen entre revocar un acto administrativo favorable e invalidarlo por una eventual ilegalidad. La primera opción tropieza con el artículo 61 de la Ley N° 19.880, que protege actos que generan derechos adquiridos legítimamente. La segunda exige sostener que las resoluciones fueron dictadas contra derecho, algo difícil de sostener si el propio ministro ha defendido su decisión en la jurisprudencia del máximo tribunal.
Presión política y choque en el Congreso
En paralelo, La Moneda intenta contener el costo político del caso. El viernes, en una reunión entre el Presidente José Antonio Kast y los timoneles oficialistas, la preocupación estuvo centrada en mantener a Rabat en el cargo y despejar las dudas sobre su salida.
Pese a los reparos por no haber informado antes a otras autoridades sobre los decretos, Kast ratificó su respaldo al ministro de Justicia. Rabat, por su parte, descartó renunciar y afirmó: “No he pensado en renunciar (…). Espero acompañar al Presidente de la República durante sus 4 años de mandato”.
La polémica también abrió diferencias dentro del oficialismo. Hernán Larraín publicó un escrito sobre el espíritu de la ley aprobada en febrero de 2022 y el principio de irretroactividad, mientras que Arturo Squella respondió con dureza en X, en un cruce que luego obligó a disculpas públicas.
Este lunes, Rabat se reunirá con parlamentarios a las 10.30 horas en el Ministerio de Justicia. La convocatoria incluye a integrantes de las comisiones de Constitución, Seguridad y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados.
Más temprano, a las 8.30 horas, Kast recibirá en La Moneda a la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y los presidentes de los partidos oficialistas, del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, junto a ministros del área política y al propio Rabat, para revisar iniciativas legislativas que buscan endurecer los requisitos para estas rebajas.
En el Congreso, la oposición empuja tanto la revisión de responsabilidades políticas como cambios legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a beneficios similares. El nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, anunció que este martes se pondrá en discusión un proyecto para cerrar esa posibilidad y dijo que la iniciativa cuenta con respaldo transversal.
Mirosevic sostuvo además que, antes de evaluar una acusación constitucional, corresponde una interpelación parlamentaria. En el oficialismo, en tanto, varios advierten que la semana será decisiva para la continuidad de Rabat y para medir si el gobierno logra contener el desgaste interno.
La agenda legislativa de la semana
El debate continuará este miércoles con una sesión especial en el Congreso, donde el desempeño del ministro será observado de cerca por sus propios aliados y por la oposición. En el oficialismo admiten que las explicaciones del gobierno han sido erráticas y que cualquier nuevo traspié podría reactivar los pedidos de salida.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
