El diputado Carlos Cuadrado Prats ingresó un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara para que se revise la intervención de Javiera Rodríguez durante la discusión del Presupuesto 2027, tras sus dichos contra organizaciones y defensores de derechos humanos.
La solicitud cuenta con el respaldo de la bancada del PPD y busca establecer si la parlamentaria del Partido Republicano infringió las normas de respeto y conducta que rigen el trabajo legislativo.
Los dichos que detonaron el reclamo
El episodio ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cuando la Cámara debatía los recursos asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esa sesión, Rodríguez cuestionó el financiamiento público de organizaciones vinculadas a esa materia.
“Quiero partir mostrando mi repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile. Mi repudio a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company”, afirmó la diputada.
También sostuvo que el Gobierno no creía “que los derechos humanos partieron en 1973 y tuvieron su bis en el estallido” y añadió que “esa plata dejará de irse por fin a la familia Allende”. Cuadrado incorporó esa última frase en su requerimiento y advirtió que la transcripción no identifica una partida presupuestaria ni antecedentes que permitan precisar a qué recursos se refería.
Las expresiones provocaron la reacción de la diputada Lorena Pizarro, quien se levantó de su asiento para increpar a Rodríguez. La discusión escaló hasta que Ximena Ossandón resolvió suspender la sesión.
El alcance del requerimiento
Cuadrado precisó que no busca sancionar una posición política ni impedir la crítica sobre el uso de recursos públicos, sino revisar la forma en que esas diferencias se expresaron en el Congreso. En su presentación citó los artículos 342, 344, 346 y 351 del Reglamento de la Cámara, vinculados con las atribuciones de la Comisión de Ética, las exigencias de conducta parlamentaria y la tramitación de requerimientos.
El legislador pidió examinar si las expresiones de Rodríguez vulneraron la obligación de mantener una conducta acorde con la investidura parlamentaria y un trato respetuoso hacia sus pares. También delimitó su solicitud para que el análisis no se extienda a los enfrentamientos posteriores ni a la conducta de otros parlamentarios.
En su escrito, además, aclaró que no acusa a Rodríguez de negar de forma expresa los crímenes cometidos durante la dictadura, porque considera que esa conclusión no se desprende de sus palabras.
Cuadrado también introdujo su historia familiar en el debate. Es nieto del general Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni, asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires en un atentado atribuido a agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Desde esa experiencia, dijo que las discusiones parlamentarias deben sostenerse con seriedad y respeto.
En el requerimiento, el diputado reconoció además la inviolabilidad parlamentaria garantizada por el artículo 61 de la Constitución, pero remarcó que el problema que lleva a Ética no es la existencia de opiniones enfrentadas sobre el pasado chileno, sino el estándar de lenguaje exigible en el presente.
La mesa de la Cámara, tras los incidentes, emitió una declaración respaldada por todas las fuerzas políticas en la que recordó la obligación de los parlamentarios de abstenerse de expresiones injuriosas y advirtió sobre eventuales sanciones.



