Un total de 34 militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda, iniciaron una huelga de hambre para denunciar la paralización de sus procesos judiciales. A esta protesta se sumaron posteriormente dos mujeres que también se encuentran privadas de libertad en el mismo recinto, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Sandra Hernández, integrante de la organización, advirtió sobre el deterioro en las condiciones de los reclusos, señalando que se les ha negado el acceso a servicios médicos y suministro de agua potable. La activista hizo un llamado a la delegación opositora en las negociaciones para que exija la liberación de este grupo, al considerar que los militares han sido excluidos de los acuerdos previos.
Origen del conflicto
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, la protesta comenzó con 21 sargentos vinculados al denominado «caso Cotiza», ocurrido en 2019, cuando un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fue capturado tras un intento de insurrección. Los detenidos denuncian una irregularidad procesal, al pasar de tener una sentencia firme en 2022 a la anulación de sus procesos en 2024. A este grupo inicial se unieron otros 13 militares en solidaridad.
Según datos del Foro Penal, existen actualmente 322 personas detenidas por razones políticas en el país, de las cuales 140 son militares y 182 civiles.
