Comisión chilena rechazó indicación sobre copago en Sala Cuna

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó este martes una indicación opositora que buscaba que el aporte del fondo cubriera por completo la matrícula y la mensualidad de Sala Cuna Universal, en medio de un debate que se prolongó desde las 10.00 hasta cerca de las 19.30 horas.

La discusión se dio durante el estudio en particular del proyecto, que está en segundo trámite constitucional y con urgencia de discusión inmediata. El choque entre parlamentarios y Ejecutivo se produjo al revisar el artículo 205, donde quedó abierto el desacuerdo sobre el eventual copago que asumirían las familias.

La propuesta para cubrir matrícula y mensualidad

La indicación número 11 fue presentada por Gael Yeomans, junto con Luis Cuello, Patricio Pinilla, Héctor Ulloa y Nelson Venegas. Su objetivo era reemplazar el artículo 205 para establecer que el aporte de sala cuna financiado por el fondo bastara para cubrir íntegramente la matrícula y la mensualidad.

Además, el texto señalaba que los establecimientos no podrían cobrar montos adicionales por esos conceptos. Si existían diferencias derivadas de servicios adicionales, quedarían a cargo del empleador, quien tendría que pagarlas directamente al establecimiento. La propuesta también contemplaba que esos aportes pudieran incorporarse a contratos o instrumentos colectivos, y que su impago constituyera un incumplimiento de la obligación de sala cuna.

La discusión se tensó cuando Luis Cuello consultó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, si el gobierno tenía otra fórmula para evitar un copago sin límite o restringirlo a servicios adicionales a la prestación básica.

Rau respondió que el Ejecutivo había trabajado con parlamentarios y con la Dirección de Presupuestos para acercar posiciones, pero que la alternativa en ese momento era usar el Registro Social de Hogares para focalizar un subsidio equivalente al 50% del copago en las familias pertenecientes al 50% más vulnerable.

Yeomans valoró la disposición al diálogo, pero cuestionó que no se hubiera alcanzado un entendimiento en materia de financiamiento. A su juicio, la propuesta de su sector buscaba que el fondo cubriera matrícula y mensualidad, dejando solo los cobros adicionales sujetos a copago, con un límite definido.

La diputada también planteó que el fondo no incorporaba al sector público, lo que, según su lectura, podía generar diferencias entre los niños y trabajadores que accedan a establecimientos públicos y quienes puedan pagar los cobros adicionales. Además, atribuyó la falta de acuerdo a diferencias que excedían la voluntad del Ministerio del Trabajo y apuntó al rol de Hacienda en las conversaciones.

La comisión declaró inadmisible la indicación

Desde otra vereda, Ximena Ossandón cuestionó la admisibilidad de la indicación al considerar que la redacción comprometía decisiones presupuestarias. José Meza, presidente de la comisión, recogió ese punto y anunció que la declararía inadmisible, invocando el artículo 65 de la Constitución.

En su argumentación, sostuvo que las atribuciones parlamentarias en materia de seguridad social y gasto público tienen límites y que corresponde al Ejecutivo disponer de la información sobre las finanzas estatales. Después, la diputada Yeomans impugnó la resolución y afirmó que la indicación no definía cómo distribuir los recursos del fondo ni modificaba una cotización, sino que buscaba asegurar la suficiencia del aporte para financiar matrícula y mensualidad.

También cuestionó que la sala cuna fuera tratada como una materia de seguridad social, recordando que durante su tramitación en el Senado las normas habían sido consideradas de quórum simple. En paralelo, el secretario de la comisión advirtió que la propuesta incidía en la administración financiera del Estado y establecía un beneficio para trabajadores del sector privado, materias que, según dijo, corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Constanza Hube respaldó la inadmisibilidad y añadió que la indicación podía afectar las reglas sobre negociación colectiva, al contemplar que los aportes adicionales fueran incorporados a contratos colectivos. También invocó disposiciones constitucionales vinculadas con la administración financiera y con normas que inciden en seguridad social.

La discusión escaló al momento de votar la reclamación. Cuello pidió a Meza reconsiderar su decisión y advirtió que, si el fundamento era que la propuesta abordaba materias de seguridad social, debía revisarse la calificación de las normas del proyecto. A su juicio, eso podía generar un desacople con la tramitación realizada en el Senado y obligar a modificar el quórum requerido para su aprobación.

Meza incorporó luego los argumentos expuestos por Hube sobre negociación colectiva y administración financiera. Yeomans insistió en que el debate debía resolver si la sala cuna correspondía o no a una materia de seguridad social, por las consecuencias que esa definición tendría para el resto de la iniciativa.

La indicación fue finalmente declarada inadmisible por ocho votos contra cinco. Tras el resultado, Cuello cuestionó que durante la votación se hubieran sumado argumentos distintos al invocado inicialmente por el presidente de la comisión, y pidió que se recalificara el proyecto. Venegas, en la misma línea, pidió dejar constancia de los antecedentes ante una eventual revisión del Tribunal Constitucional.

Meza rechazó esa interpretación y defendió que los parlamentarios pueden incorporar nuevos argumentos durante el debate. Finalmente, el secretario de la instancia precisó que, a su juicio, la inadmisibilidad no se sustentó solo en la materia de seguridad social, sino también en los aspectos vinculados al financiamiento del fondo. Rau recordó después que el fondo de sala cuna cuenta con garantía estatal y que la posición del Ejecutivo se relacionaba con las normas constitucionales sobre administración financiera. La tramitación del proyecto continuará este miércoles.