Un juzgado civil de Santiago ordenó indemnizar con 100.275.000 pesos chilenos, unos US$100.000, a Catalina Pizarro, quien acusó al ginecobstetra Eduardo Carstens Ulloa de haber obstaculizado su acceso al aborto en Chile cuando su embarazo presentaba un cuadro de inviabilidad fetal.
El fallo, dictado el 3 de septiembre por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, acogió parcialmente la demanda contra Carstens Ulloa, entonces jefe de Maternidad de la Clínica Tabancura, hoy Clínica RedSalud Vitacura. El tribunal concluyó que el médico incumplió sus obligaciones contractuales y profesionales y que eso impidió que Pizarro ejerciera el derecho previsto en la ley chilena de aborto.
Un embarazo con mal pronóstico
Pizarro, profesora de música de 39 años, quedó embarazada en agosto de 2018. Se controló en esa clínica privada de Santiago, donde trabajaba su tío paterno. En la ecografía de la semana 11, el personal médico detectó un higroma quístico bilateral y un hidrops generalizado en el feto, Clara. Más tarde, la paciente pidió interrumpir el embarazo por inviabilidad fetal, una de las tres causales permitidas en Chile desde 2017.
La ley considera esa causal cuando el embrión o feto padece una patología congénita, adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente y exige dos diagnósticos en igual sentido de médicos especialistas. Pizarro relató que la primera respuesta de su ginecóloga fue revisar el caso con el Comité de Ética de la clínica.
