El Senado de Chile aprobó el martes 20 de octubre, con 37 votos a favor y una abstención, una reforma para acelerar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular. La iniciativa recibió el informe final de una comisión mixta que resolvió diferencias entre ambas cámaras.
Ingreso a domicilios con autorización judicial
La reforma a la Ley de Migración y Extranjería faculta a la Policía de Investigaciones (PDI) a solicitar a un juez de garantía una orden de entrada y registro en el domicilio donde se encuentre una persona con una orden de expulsión vigente. El magistrado deberá responder en un máximo de 24 horas; la policía no podrá ingresar sin autorización judicial.
El texto eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de retorno a Chile y permite expulsar de inmediato a extranjeros procesados penalmente si el tribunal a cargo del caso lo autoriza.
José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, afirmó que la medida busca hacer más efectivo el cumplimiento de las expulsiones administrativas.
