El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el lanzamiento de un plan de retiro voluntario destinado a aproximadamente 20.000 empleados de la administración pública centralizada. La medida, establecida mediante el Decreto 1023/26 publicado en el Boletín Oficial y firmada por el presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca profundizar el recorte del gasto público para permitir la reducción de impuestos.

Estructura del régimen de desvinculación

El programa estará abierto al público entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026 y contempla compensaciones económicas que varían según la edad y la antigüedad del trabajador. Están habilitados para adherir empleados de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado, aunque la aprobación final dependerá de las autoridades de cada área. Se establece una prohibición de «puerta giratoria»: quienes participen no podrán volver a la administración pública durante ocho años, salvo en cargos docentes universitarios, o deberán devolver los fondos recibidos.

El régimen se divide en tres grupos principales. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no cumplan los requisitos jubilatorios, quienes podrán optar por una gratificación mensual del 60% de su remuneración bruta hasta cumplir los requisitos (máximo 36 meses) o un pago único de un salario por año trabajado, con un tope de 18 remuneraciones. El segundo grupo abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes, quienes recibirán un salario por año de antigüedad (máximo 18) más un adicional de cinco salarios. El tercer grupo comprende a mujeres hasta los 57 y hombres hasta los 62, con una compensación de un salario por año (máximo 20) más un adicional de cuatro o cinco salarios según la antigüedad.

Las gratificaciones únicas de hasta 20 millones de pesos argentinos se pagarán en una sola cuota; los montos superiores se abonarán en hasta tres cuotas mensuales. Quedan excluidos del plan quienes hayan iniciado trámites jubilatorios, estén sujetos a sumarios administrativos o tengan reclamos laborales pendientes, además del personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado y el Servicio Exterior.

Contexto fiscal y reducción de personal

La decisión se enmarca en el esfuerzo del oficialismo por mantener el superávit primario del 1,4% acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Consultoras privadas como LCG y Analytica señalaron que el Ejecutivo redujo el ritmo de recorte del gasto en septiembre, con una baja real anual del 0,9%, por debajo del promedio de los meses anteriores, mientras el gasto primario devengado creció 4,6% interanual real.

Según el último informe del Ministerio de Desregulación, el empleo en el sector público se redujo un 15,4% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, lo que equivale a la eliminación de 77.515 puestos. La dotación de la Administración Pública Nacional pasó de 205.550 a 160.839 empleados, y la de las Empresas del Estado de 91.166 a 69.564. El Gobierno calculó que esta reducción generó un ahorro en sueldos de 1.632 millones de dólares, que podría alcanzar los 3.263 millones de dólares si se incluyen los costos de infraestructura laboral.