El oficialismo en Diputados acelerará este martes el tratamiento de un nuevo régimen de biocombustibles por 15 años, en un movimiento que llega tras la ayuda de aliados provinciales para frenar la última sesión opositora.

Más cortes y un mercado más abierto

La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, empezará a discutir una iniciativa que propone subir de manera progresiva el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel y bioetanol con los combustibles fósiles. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.

Si se convierte en ley, el biodiésel mezclado con gasoil pasará del 7,5% al 10%, y el bioetanol incorporado a las naftas subirá del 12% al 15%. Ambos cambios deberán concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción.

La discusión también gira en torno a la apertura gradual del mercado del biodiésel. Hoy el corte obligatorio del 7,5% está reservado a productores independientes con una escala reducida de hasta 50.000 toneladas al año.

La nueva propuesta elevaría el corte al 10%, pero redistribuiría ese mercado: hasta 2028, un 6,5% quedaría protegido para empresas no integradas a los grandes grupos aceiteros y el 3,5% restante se abriría a la competencia de todos los productores. Ese cupo reservado bajaría progresivamente hasta el 4% en 2031.

El Senado ya lo aprobó y ahora busca dictamen

En el Senado, la iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra, con respaldo de La Libertad Avanza, casi toda la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único integrante de la bancada justicialista que acompañó el texto, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad lo rechazó por considerar que perjudica a pequeñas y medianas empresas de su provincia.

El debate en Diputados comenzará este martes a las 15, con una reunión de comisión en la que expondrán invitados. Los impulsores esperan lograr dictamen la semana próxima para luego avanzar en Presupuesto y Hacienda y en Agricultura, los otros dos giros del proyecto.

Los legisladores santafecinos y cordobeses confían en que el texto llegue al recinto el 18 de noviembre, en la sesión prevista para tratar el Presupuesto 2027. “Va a avanzar”, aseguró un legislador que participó de conversaciones con Martín Menem.

El impulso que ahora recibe la iniciativa llegó después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba ayudaran a dejar sin quórum la sesión pedida por la oposición para intentar voltear el DNU 70/2023.

Entre los ausentes estuvieron Gisela Scaglia, José Núñez, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Alejandra Torres, todos de Provincias Unidas, además de los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.

Las ausencias profundizaron las diferencias internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 integrantes decidieron no bajar al recinto. La oposición reunió 121 de los 129 diputados necesarios para el quórum.

Dentro de esa bancada asoma una discusión que podría terminar en ruptura, aunque por ahora sus integrantes evitan hablar en público. “Nos debemos una conversación”, admitió uno de los legisladores más críticos.

Los pases de factura también se multiplicaron en el peronismo, que registró ausencias significativas. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano a Gustavo Melella, cuya provincia atraviesa una situación financiera delicada y figura entre las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación.

En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con agenda propia, los libertarios también incorporaron al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.

En redes, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, difundió un mensaje sobre el tema: mensaje de Juan Schiaretti en X.

Un guiño político a los aliados provinciales

La aceleración del proyecto se lee también como una devolución política a los bloques provinciales que, la semana pasada, facilitaron el movimiento parlamentario del oficialismo. En ese tablero, el régimen de biocombustibles aparece como una de las iniciativas que el Gobierno busca convertir en señal de respaldo hacia sus socios legislativos.