El Gobierno de Javier Milei formalizó una disposición de ciberseguridad que restringe la participación de empresas chinas en las telecomunicaciones y pone el foco, por ahora, en las compras del Estado nacional y de Arsat. La norma podría terminar extendiéndose a los operadores privados que usan equipamiento de Huawei y ZTE en sus redes.

La disposición 7/26 y el nuevo estándar

La medida quedó establecida con la publicación de la Disposición 7/26 del Centro Nacional de Ciberseguridad, que fija nuevos requisitos técnicos para contratar, instalar y operar equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones. El texto toma como referencia la certificación SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association, una asociación privada estadounidense.

Según el planteo oficial, los cambios responden a un pedido de la Casa Blanca para limitar el acceso de compañías chinas a un sector considerado estratégico para la seguridad de las comunicaciones. En ese contexto, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, celebró en redes sociales el paso dado por el Gobierno argentino y lo presentó como una decisión técnica para proteger la infraestructura crítica.

Huawei, en cambio, dijo que recibió con sorpresa y preocupación la resolución y sostuvo que sus requisitos limitan de hecho la participación de proveedores con trayectoria en el país. La empresa afirmó que evaluará con sus equipos legales las alternativas a su alcance.

El alcance sobre las redes privadas y los celulares

Uno de los puntos centrales es el posible efecto sobre los prestadores privados. La disposición no les impone todavía nuevas obligaciones, pero el artículo 9 encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones evaluar si incorpora esos requisitos a la homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Si ese paso se concreta, podrían cambiar las condiciones para usar equipamiento de determinados fabricantes en redes privadas. El texto advierte que las empresas que trabajan con proveedores chinos deberían revisar sus compras futuras y sus planes de renovación de equipos, con posibles efectos sobre los costos de inversión y los plazos de despliegue.

La norma no ordena reemplazar los equipos ya instalados ni prohíbe la importación o comercialización de celulares chinos, pero el propio escenario abre la puerta a una extensión de ese criterio. La decisión final sobre ese punto quedará en manos del organismo regulador y, por ahora, la obligación alcanza a las compras estatales.

En el sector también aparecieron reparos. La Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad expresó su preocupación por el impacto que podría tener la aplicación de la disposición sobre los prestadores y pidió una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones. Además, cuestionó que las exigencias queden atadas a un único esquema privado de certificación.

La entidad sostuvo que deberían aceptarse estándares internacionales reconocidos y respetarse el principio de neutralidad tecnológica para no afectar inversiones, competencia y expansión de la conectividad. Una fuente de la industria citada por Clarín también objetó que la certificación SCS 9001 se convierta en un requisito excluyente y señaló la falta de un análisis del impacto económico de la medida.

Plazos, certificación y antecedentes regionales

La nueva normativa fue firmada por Walter Fabián Agüero, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad. El texto fija un plazo de 90 días para identificar las infraestructuras críticas y clasificar los equipos según su nivel de riesgo, y contempla un período transitorio de 36 meses para acreditar que los fabricantes iniciaron el proceso de certificación.

Sin embargo, esa alternativa no estaría disponible para compañías que no pueden registrarse ante la entidad estadounidense, entre ellas Huawei y ZTE. El artículo señala además que la decisión argentina tiene pocos antecedentes en otros países y cita el caso de Paraguay, donde la certificación SCS 9001 fue incorporada en una licitación para el despliegue de redes 5G que desató polémicas.

En paralelo, durante su visita a la Argentina, Christopher Landau anunció que Estados Unidos financiará con US$ 15 millones un programa para colaborar con la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad. El vínculo entre esa ayuda y el endurecimiento regulatorio sobre proveedores chinos quedó instalado en el debate sobre el rumbo tecnológico del país.

Ahora la atención del mercado está puesta en la decisión que tome el Ente Nacional de Comunicaciones y en si el Gobierno extiende a los operadores privados una exigencia que, por el momento, rige para las compras estatales pero podría terminar impactando en los usuarios de telefonía celular.