España dejará de otorgar y renovar la residencia temporal por razones humanitarias, como la que han recibido en los últimos años ciudadanos venezolanos, a…
España dejará de otorgar y renovar la residencia temporal por razones humanitarias, como la que han recibido en los últimos años ciudadanos venezolanos, a partir de este viernes 12 de junio, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Fin del permiso humanitario para venezolanos
El Ministerio del Interior español informó este jueves 11 que el país dejará de reconocer y renovar los estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional, como venía haciéndolo hasta ahora.
Para quienes ya cuentan con una residencia temporal de este tipo, la cartera indicó que ya no será posible renovarla ni solicitar la reagrupación familiar. En ese caso, debieron haber pedido otras autorizaciones de residencia y trabajo.
Ese permiso especial fue activado por el Gobierno español en 2018 para atender a los ciudadanos venezolanos, ante el alto número de solicitudes de asilo y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado. Con esa medida, se logró regularizar la situación de unos 240.000 venezolanos en España.
Cómo funcionará el pacto europeo
Desde este viernes 12, España aplicará el pacto europeo y pondrá en marcha un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, para migrantes que lleguen en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados cuando intenten entrar de forma irregular.
Mientras se resuelve la solicitud, la persona no podrá recibir autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en instalaciones habilitadas para ese fin, aunque no estará privada de libertad.
Si la petición de protección internacional es rechazada, procederá el retorno y también la denegación de entrada o la devolución, según corresponda.
En estos casos, el Gobierno español aseguró haber optado por un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes. Entre las garantías previstas están la asistencia jurídica, la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la posibilidad de reexamen.
Además, se incorpora un procedimiento acelerado para personas procedentes de países con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de la Unión Europea.
Nuevo triaje común en frontera
Entre las novedades del pacto figura por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de nacionales de terceros países, con el fin de reforzar el control de quienes lleguen de manera irregular, registrar sus datos y detectar de forma temprana posibles vulnerabilidades.
Durante ese proceso, los nacionales de terceros países no podrán recibir autorización de entrada en territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades.
España ya aplica un procedimiento similar, que ahora se adaptará con un formulario específico, un refuerzo en la detección preliminar de vulnerabilidades y un mecanismo de seguimiento independiente sobre el respeto de los derechos fundamentales, que estará a cargo del Defensor del Pueblo.
Solidaridad obligatoria y postura sobre retornos
El paquete normativo también incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria. En ese marco, España fue identificada como Estado miembro bajo presión migratoria y se beneficiará de las aportaciones obligatorias de otros países de la UE.
Para concretar la aplicación de ese mecanismo, está prevista en Bruselas una primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad el próximo lunes 15 de junio.
Interior también subrayó la oposición del Gobierno a la creación de centros de internamiento en terceros países, contemplados en el nuevo reglamento de retorno, y descartó su uso en la gestión migratoria española por las serias dudas que plantea sobre su legalidad y proporcionalidad.
El Ejecutivo afirmó además que ha reforzado los recursos humanos y materiales de las unidades y servicios más afectados, así como el desarrollo de nuevos sistemas informáticos para facilitar la interoperabilidad y el intercambio de información entre las autoridades policiales, de protección internacional y de acogida.
Junto con los sistemas nacionales, el pacto exige la puesta en marcha de un nuevo Eurodac, el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares, que dejará de aplicarse solo a solicitantes de protección internacional y pasará a recoger datos de todas las personas que lleguen de forma irregular a Europa.
