En Maracaibo y San Francisco, comercios han sido sancionados por expender refrescos colombianos de manera ilegal, según procedimientos adelantados por el Ministerio Público y la fuerza pública del Zulia. El contrabando de refrescos de marcas como Pepsi y Coca-Cola constituye una violación a la normativa sanitaria y de etiquetado, así como una evasión de impuestos, afectando negativamente a la industria nacional.
Esta situación ha llevado a medidas de comiso por parte de las autoridades, como forma de proteger a la industria local y prevenir riesgos para la salud pública. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) ha enfatizado la importancia de estas acciones, que responden a denuncias de la asociación y a la lucha contra el contrabando decretada por el Ejecutivo Nacional y el Alto Mando Militar.
El llamado a los comercios venezolanos es claro: evitar la comercialización de productos ilegales y apoyar la industria local, cumpliendo con las normas sanitarias y contribuyendo a la generación de empleo. El contrabando de refrescos representa un riesgo no solo para la industria, sino también para los más de 6.500 puestos de trabajo directos y 32.500 puestos de trabajo indirectos que se ven afectados por esta práctica.
En este sentido, es crucial promover la demanda interna y asegurar que las empresas afiliadas a Anber tengan la capacidad necesaria para abastecer el mercado de manera legal. Con condiciones adecuadas, la industria nacional de refrescos puede satisfacer la demanda interna y competir en igualdad de condiciones, garantizando que los consumidores venezolanos tengan acceso a productos de calidad.