Vecinos de Chirgüita rechazan la detención de Gustavo Rodríguez, tras la trifulca con hinchas del Deportivo Táchira en Tinaquillo.
Habitantes de la comunidad de Chirgüita, en el municipio Tinaquillo del estado Cojedes, salieron a protestar para exigir la liberación de Gustavo Rodríguez, juez de paz de la zona.
La versión de la comunidad
Rodríguez permanece detenido luego de entregarse de manera voluntaria a las autoridades, tras accionar una escopeta durante una trifulca registrada la madrugada del pasado 17 de octubre entre pobladores locales e hinchas del Deportivo Táchira.
Comisiones del Cicpc, adscritas a la Delegación Municipal Tinaquillo, dieron por esclarecido el caso con la aprehensión del juez de paz y la incautación del arma de fuego, al atribuirle las lesiones por perdigones sufridas por un grupo de aficionados.
Pero los residentes de Chirgüita rechazan esa versión y sostienen que Rodríguez intervino solo para tratar de disuadir a la turba y salvar la vida de un tercero.
Vecinos y familiares señalaron que el hecho se desencadenó cuando dos autobuses de Expresos del Occidente, que trasladaban a la fanaticada andina, se detuvieron en un comercio de la zona. Luego, según ese relato, surgió un reclamo porque un comerciante grababa para redes sociales y la discusión derivó en agresiones físicas en plena vía pública.
También afirmaron que el joven Rubén Toro, de 20 años, quien no tenía relación con la disputa inicial, fue acorralado y apuñalado tres veces por un grupo de visitantes. En ese momento, sostienen, Gustavo Rodríguez disparó la escopeta hacia el suelo para dispersar a la multitud y frenar el ataque contra Toro.
La comunidad también niega la cifra oficial de nueve lesionados divulgada al inicio. Dice que, de acuerdo con reportes del hospital de Tinaquillo, solo seis hinchas ingresaron con heridas por perdigones y que uno de ellos presentaba una lesión grave en una pierna.
Los denunciantes también rechazaron la acusación de los barristas, quienes habrían dicho ante las autoridades en el peaje de Taguanes que fueron víctimas de un intento de atraco por parte de los lugareños.
Mientras el caso pasó al Ministerio Público, la población pidió al gobernador Freddy Bernal que los hechos sean evaluados de forma imparcial y transparente. Además, expresó preocupación por las amenazas de represalias que, según dijeron, lanzaron los barristas al retirarse del lugar.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
