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Persisten la incertidumbre y el temor en Las Claritas tras operativo militar

Una semana después del operativo militar en Las Claritas y Kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar, persisten el temor entre los habitantes y la…

Persisten la incertidumbre y el temor en Las Claritas tras operativo militar

Una semana después del operativo militar en Las Claritas y Kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar, persisten el temor entre los habitantes y la opacidad en torno a la intervención que derivó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua.

Desconocimiento sobre lo ocurrido

Provea advirtió que la vida de los pobladores transcurre entre una aparente «tranquilidad» y la incertidumbre por lo que pasó, lo que ocurre ahora y lo que podría venir. La organización señaló que los habitantes todavía desconocen aspectos fundamentales del procedimiento, que comenzó el pasado 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en áreas mineras que durante años estuvieron bajo influencia de grupos armados irregulares.

La fecha exacta de la muerte de Guerrero tampoco está clara. No se sabe si falleció el mismo 12 de junio, día en que Donald Trump lo informó, o si murió cuando arrancó el operativo militar. Provea reclamó que el Estado venezolano guarda silencio, pese a las acusaciones previas sobre presunta complicidad y tolerancia frente a estos grupos que se adueñaron del control de las minas.

La ONG señaló además que, pese a los comunicados oficiales de la Casa Blanca y Miraflores, sigue la opacidad sobre lo ocurrido. Hasta ahora no hay información oficial sobre heridos u otros fallecidos en el operativo, lo que ha alimentado la circulación de versiones contradictorias.

Impacto en el sur de Bolívar

Provea también resaltó que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son consecuencia de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos, con la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

La organización sostuvo que las autoridades abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en minerales, lo que permitió la penetración de economías criminales y dejó a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad, sin respuesta institucional ni asistencia.

En ese contexto, la ONG alertó que, si no existe un plan claro para controlar la minería ilegal en el sur de Bolívar, podrían producirse desplazamientos de mineros y de la población hacia municipios cercanos.

Provea exhortó a las autoridades a ofrecer información verídica sobre los acontecimientos y a adoptar medidas para proteger los derechos de las comunidades afectadas. El balance completo de la organización puede consultarse en Provea.

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