TSJ ordena juicio a funcionarios implicados en secuestro y desaparición de personas en Bolívar
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado llevar a cabo un juicio contra un grupo de funcionarios implicados en el secuestro y desaparición forzada de personas. Los acusados incluyen a dos agentes del Cicpc, identificados como Leonardo José Deplabos Romero y Jhonadry José Farías Boada; al funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana Joshua Bryan Piñango Escoriguela; y a Guido Jiménez Ferruchi, dueño de una joyería en San Félix y a su trabajador Simón Rafael Gutiérrez.
Las acusaciones contra ellos incluyen el asesinato de César Manuel Aguillón y Carmelo Ramón Morgado Rangel. Las víctimas, que viajaron desde Valencia hasta San Félix para vender oro en mayo de 2017, fueron trasladadas a un lugar donde fueron asesinados y sus cuerpos fueron lanzados al río Caroní. El cadáver de uno de ellos aún no se ha encontrado.
A pesar de que se intentó enjuiciar a estos individuos en tribunales del estado de Bolívar, la Sala Penal del TSJ decidió traer el expediente a Caracas. En un juicio llevado a cabo en el Tribunal 6° de Juicio, los acusados admitieron los hechos y fueron condenados a 10 años de prisión. Sin embargo, el Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la decisión y recurrió a la Sala Penal del TSJ, cuyos magistrados anularon el juicio después de detectar varias irregularidades.
