Una semana después del operativo militar desplegado en Las Claritas y Kilómetro 88, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, los habitantes de la zona siguen sin claridad sobre el rumbo de la región, marcada desde hace años por el control de grupos armados vinculados a la minería ilegal. Provea señaló que, tras los hechos del 9 de junio, persisten las dudas sobre la muerte de Héctor “Niño” Guerrero y sobre el alcance de la intervención en un territorio del que dependen miles de personas.
Normalidad aparente, pero con temor
En Las Claritas, vecinos describen una rutina que parece seguir en pie en las calles, aunque atravesada por el temor y la expectativa ante posibles cambios en la seguridad y en la dinámica económica local. Para algunos residentes, la operación podría representar el fin del dominio de bandas armadas en las minas; para otros, abre interrogantes sobre el futuro de los trabajadores mineros y de la economía que gira alrededor de la actividad extractiva.

Habitantes de la zona relataron que, en los días posteriores al operativo, se observaron movimientos constantes de helicópteros, autobuses y trabajadores que abandonaban áreas mineras, mientras el flujo comercial se redujo de manera importante.
Una mujer identificada como María, con al menos 10 años viviendo en Las Claritas, expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir con los mineros y con las familias que dependen del trabajo en la zona, así como con los comercios que se sostienen del movimiento generado por la actividad minera.
A ello se suma la falta de información oficial sobre el desarrollo de las operaciones. Hasta ahora, las autoridades no han precisado la fecha exacta de la muerte de Guerrero ni han ofrecido un balance detallado sobre posibles heridos o fallecidos durante los procedimientos.
Una zona marcada por grupos armados

Provea detalló que, durante años, distintas organizaciones armadas han ejercido influencia en las zonas mineras del sur de Bolívar, imponiendo mecanismos de control territorial y económico que, según organizaciones de derechos humanos, llegaron a operar como una suerte de estructura paralela de autoridad.
La organización también indicó que la presencia de “Niño Guerrero” en la región sorprendió a algunos habitantes, al tiempo que reaparecieron otros nombres asociados al control de explotaciones auríferas en la zona.
Autoridades locales y pobladores han advertido además sobre la posibilidad de que el hecho del 9 de junio provoque desplazamientos masivos de trabajadores mineros hacia municipios cercanos. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, alertó sobre el impacto que tendría la llegada de miles de personas a una jurisdicción con capacidad limitada para atender un eventual aumento poblacional.
Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la situación actual responde a años de ausencia institucional en el sur del país, donde la expansión de la minería y las disputas por el control de los recursos minerales favorecieron el crecimiento de economías ilícitas y grupos armados. Ante ello, Provea reiteró la obligación del Estado de combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.

Lo que se sabe sobre la muerte de Niño Guerrero
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, murió luego de tres años prófugo durante una operación militar que Donald Trump atribuyó al Comando Sur de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El anuncio fue hecho por el presidente estadounidense el 12 de junio.
Después, el secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, confirmó que el operativo se llevó a cabo en territorio venezolano y en coordinación con fuerzas de seguridad nacionales.
Horas más tarde, el gobierno encargado de Venezuela también confirmó la muerte de Guerrero Flores y señaló que ocurrió durante una operación conjunta con autoridades de Estados Unidos en el estado Bolívar. Según esa versión, hubo intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico especializado entre ambos países, aunque ninguna de las dos administraciones ha ofrecido detalles sobre el número de víctimas, las características del operativo ni el lugar exacto del enfrentamiento.
