A los dos fiscales nacionales del Ministerio Público (MP): Edgar Angulo Betancourt (38 encargado) y Richard Daal Colina (su auxiliar), los imputarán por —presuntamente— haber solicitado a un procesado, 800 mil dólares para iniciar su juicio. Las audiencias habían sido diferidas en varias oportunidades, indica un boletín de prensa del MP.
Otros dos funcionarios públicos están vinculados al caso: el funcionario acreditado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Jackson González Vargas y la secretaria del Tribunal 6° de Juicio del área metropolitana de Caracas Leisy de Farías Tabares.
Las fiscales nacionales 11 auxiliar y 51, Estéfani Sosa y Marijosé Frutillé son las encargadas de dirigir la investigación y solicitar la imputación ante el Tribunal Cuarto de Control de Caracas.
La investigación comenzó el pasado 5 de abril, cuando el abogado del procesado denunció, ante la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público. Relató que los fiscales y la secretaria “solicitaban esa cantidad de dinero al procesado para evitar que se continuara difiriendo el juicio”.
La Fiscalía ordenó la investigación y de apoyó en la Dgcim. El pasado martes 19 de abril, los fiscales fueron detenidos en las cercanías de la plaza Venezuela, en Caracas. Las pruebas presentadas soportaron las órdenes de aprehensión, emitidas por el Tribunal Cuarto.
En el transcurso de las pesquisas, se determinó la participación de Jackson González y sus compañeros de cuerpo lo detuvieron en la propia sede de la Dgcim, en Boleíta Norte, el mismo 19 de abril en la tarde.
La secretaria del Tribunal fue aprehendida el miércoles en la tarde, al salir del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas.
El caso es el segundo que se ‘destapa’ en el mes de abril. El pasado lunes 11, un juez y un alguacil de Ocumare del Tuy fueron privados de libertad por exigir a un reo 2.000 dólares para librarle la boleta de excarcelación.
El juez José Luis Chaparro es titular del Tribunal Tercero de Control de Miranda. “Había solicitado —junto al alguacil, Pedro Molina— la cantidad de dinero en divisas para no continuar el juicio y librarle la boleta de excarcelación”, refirió otro boletín del MP.
En ese caso la Dgcim organizó una entrega controlada, y se procedió a la captura de los dos funcionarios públicos, que permanecen recluidos, desde el 7 de abril, en la sede de ese organismo militar en Caracas.
