El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los familiares de los reclusos enfrentan exigencias de pago que oscilan entre 50 y 100 dólares, con el argumento de financiar reparaciones en las instalaciones penitenciarias. Según los testimonios recabados por la organización no gubernamental, las órdenes de transferencia son transmitidas a través de llamadas telefónicas, visitas o por medio de los propios funcionarios de custodia.
Cobros por servicios básicos dentro de las cárceles
La organización defensora de derechos humanos señaló que, además de las cuotas para infraestructura, los internos deben abonar entre 5 y 12 dólares mensuales para tener acceso al agua potable. Asimismo, se reportaron cobros por la recepción de alimentos básicos y proteínas catalogados como productos de lujo por las autoridades, además de tarifas por visitas conyugales y trámites administrativos internos.
Acciones legales y respuesta institucional
Humberto Prado, director de la organización no gubernamental, calificó las exigencias como delitos de concusión y corrupción, e indicó que los casos serán formalmente presentados ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. El portavoz responsabilizó al titular del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, ante cualquier posible represalia contra los reclusos tras las denuncias públicas.
