Realidad nacional: el 80,4% de los procesados del año pasado admitió los hechos por los cuales fue investigado, según informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su informe de memoria y cuenta del presente año, lo cual equivale a que ocho de cada 10 personas se declaró culpable ante las autoridades del Poder Judicial.
Se lee en el escrito: “merece destacar que de las sentencias condenatorias que alcanzan 27.127, el 54,2% fueron acordadas en fase intermedia, en virtud del procedimiento por admisión de hechos; el 26,2% en fase de juicio antes del debate, igualmente por admisión de hechos; y el 19,6% una vez concluido el debate del juicio oral y público”.
Esto quiere decir que de las 27 mil 127 sentencias condenatorias logradas en el 2015, 21 mil 810 fue por admisión de los cargos, ya sea en la audiencia preliminar o antes del comienzo del juicio oral y público, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.
El alto número de admisiones genera un debate entre quienes hacen vida en el Poder Judicial. Para unos el 80,4% evidencia la grave crisis del sistema, mientras que para otros la aceptación de la culpa responde a la excelencia investigativa, al juego de estrategias entre abogados y defensores, restándole importancia a los distintos factores que influyen, muchas veces para mal, al momento de dictarse una condena.
“Con este sistema cualquier preso es capaz de admitir la muerte de Kennedy”, dice la abogada Claudia Mujica, quien estima que ante las demoras propias del proceso, las personas investigadas prefieren entrar al juego de las matemáticas: admito, corren los lapsos y opto por los beneficios de ley, que solo puedo disfrutar tras obtener sentencia.
“La figura de la admisión de los hechos se ha convertido en una suerte de remedio procesal ante la ineficacia del sistema, antes de pasar a juicio te admito lo que sea. No es un tema de justicia ni nada por el estilo. De los aprehendidos en el sistema no creo que el 80% sea culpable. Incluso si lo son tienen un proceso de participación que se debe determinar. Yo creo que estamos ante un rotundo fracaso del sistema”, indica.
Los procesados tienen dos oportunidades de admitir su responsabilidad. 
La experta agrega que en la medida que los años de condena son menores las presiones para admitir son mayores, sin contar que en la medida que el procesado se encuentra privado de libertad se “intenta” respetar los lapsos establecidos entre las distintas etapas del proceso, pero si disfruta de una medida cautelar el “desastre es absoluto”.
Entre los clientes de Mujica se encuentra José Dacre, “Maraco”, detenido en Caracas, el 20 de enero del 2009, en medio de las protestas por el cierre de Rctv. Tras siete se prepara para su tercer inicio de juicio. El primero se perdió por rotación de tribunales (cambio de jueces), el segundo por la detención del juez, ahora espera cantar victoria.
En este sentido, Carlos Nieto Palma, director de Una ventana por la libertad, recuerda que en las cárceles el 70% no tiene una sentencia firme y al admitir lo primero que consigue es la rebaja de la condena, entre una tercera parte y la mitad, dependiendo del caso.
“Si has pasado dos años encerrado y ni siquiera has logrado una audiencia preliminar comienzas a pensar en admitir. Ante la negligencia e ineficacia del sistema legal venezolano se impone un juego numérico. Los mismos presos comenzarán a sacar sus cuentas y conclusiones, ellos saben de esas cosas más que los abogados”, indica el abogado.
Sin embargo, desde el otro lado del sistema un alto funcionario del Ministerio Público defiende las cifras de Ortega, que además constituyen una constante al verificar informes pasados.
Desde el 2010 la cifra se ha mantenido en renglones similares. Ese año la tasa de admisiones se ubicó en 92,47%, en el 2011 en 79,49%, el 2012 en 77%, y en el 2013 en 73,86%. La del 2014 no se reflejó en la memoria y cuenta de ese año.
El funcionario esgrimió la calidad de las investigaciones y los juegos de estrategias de los abogados defensores, quienes apuestan a la dilación en la medida que ésta le conviene a su cliente, sobretodo cuando se enfrentan a cargos graves, de grandes sentencias. Descarta la posibilidad que una persona inocente admita un hecho que no cometió y, si un abogado defensor aconseja tal acción, considera que incurriría en un grave problema ético.
“La dilación siempre va a favorecer al procesado, después de tres o cuatro años no se ubican a los testigos, los peritos no se acuerdan de las experticias practicadas. El beneficiado con el retardo en el juicio siempre es el imputado, nadie se acuerda de nada. Se ha tratado de contrarrestar esta situación haciendo pruebas anticipadas de los testigos, como para desalentar ese tipo de prácticas”, esgrime el fiscal nacional, quien recuerda que una sentencia condenatoria afecta la vida regular de una persona, desde encontrar empleo hasta optar por hacer vida en otro país.
Recalca que después de dos años de detención sin el desarrollo de la audiencia preliminar se caería en retardo procesal e implicaría la continuación del proceso en libertad, siempre y cuando se determine que el responsable del retardo es el sistema y no el imputado.
Para los expertos el retardo procesal influye en las condenatorias. 
Según el informe oficial los responsables en el diferimiento de las audiencias en el 2015 fueron los representantes del ministerio para el Servicio Penitenciario con el 52,59%, el Poder Judicial con 28,21%, la defensa privada con 11.01% y el Ministerio Público con 2,86%, seguido por los órganos policiales con 2,21% y la defensa pública con 1,87%.
Por otra parte, Jairzhino Orea, abogado y exfiscal nacional, defiende el trabajo de la Fiscalía en procura de evitar dilaciones innecesarias, como la creación de fiscalías de investigación, fiscalías de juicio, coordinaciones de juicio, pero considera que las otras partes involucradas en el proceso no van a la par de las necesidades del país, especialmente el ministerio penitenciario e incluso el propio poder judicial.
Admite que hechos en el traslado afectan el desarrollo de las audiencias y el número de tribunales y de fiscalías juegan en contra de la capacidad de respuesta, por ello insta a los responsables de las distintas áreas a trabajar tomados de la mano, lejos de protagonismos innecesarios.
Orea es consciente de la situación que se vive cárcel adentro, del peso del pram a la hora del traslado y del costo del mismo, por ello no niega la crisis, y las múltiples aristas que forman parte de este juego macabro de estrategias entre un sistema que no corre a la velocidad marcada por las leyes y los abogados que juegan a las dilaciones.
Mientras la fiscal general da a conocer sus cifras, en la cárcel de la PGV José Luis ha perdido ya tres boletas del tribunal, porque las autoridades del penal no acatan la nueva modalidad de citaciones, por Agenda Única, y obvia el mandato del juzgado, según denuncia el preso, quien además debe pagar dos mil bolívares para que lo suban al autobús.
Fue detenido el 18 de octubre de 2012 por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, en grado de complicidad respectiva. Ya va camino a cuatro años sin sentencia. Al año de su arresto estuvo a punto de obtener condena, pero faltando dos audiencias para la culminación del proceso se ordenó la rotación de tribunales. Aún espera por el segundo juicio convencido de admitir apenas pueda y así comenzar a jugar la lotería de los beneficios.
