Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para 26 integrantes de una red de trata de personas, que se dedicaba a la captación de mujeres y hombres para luego obligarlos a ejercer la prostitución y pornografía en Baruta, estado Miranda.
Por su vinculación con este caso también se ordenó el enjuiciamiento para dos funcionarios activos de la PNB, adscritos al Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, quienes para el momento del hecho prestaban servicios de escolta a los presuntos integrantes de la red.
El desmantelamiento de esta organización delictiva fue informado en septiembre de 2018 por el fiscal Saab.
La situación fue detectada la noche del 31 de agosto, cuando la Policía del estado Miranda recibió información de un hombre y dos mujeres que habían sido retenidos, forzados a prostituirse y grabar videos dentro de una casa en Baruta.
En consecuencia, una comisión policial fue a la quinta Villa Real, para verificar la denuncia. Una vez en el sitio, los agentes encontraron en la vivienda a personas realizando actividades sexuales frente a cámaras de video que transmitían en vivo en la web.
También hallaron equipos de computación, cámaras de seguridad, cámaras web, reproductores DVD, trípodes, reflectores fotográficos; así como 18 teléfonos celulares, un arma larga de aire comprimido, un revólver y 31 gramos de droga.
Durante el procedimiento, llegaron al lugar los pnb vestidos de civil y en un vehículo Toyota Land Cruiser, sin placas, quienes discutieron y trataron de impedir la actuación policial.
En la audiencia preliminar, representantes de la fiscalías 82º, 64º y 46º nacional ratificaron la acusación contra David Ferrer Cadenas por el delito de trata de personas, asociación, posesión ilícita de arma de fuego y tráfico de drogas en menor cuantía.
Igualmente, fueron acusados Glaismar Espinoza, Adaliberth Díaz, Génesis Herrera, Kelis Lamus, Lorenns Reyes, Junior Vielma, Héctor Quintero, Jhonatan Páez y Bastián Villalobos por los dos primeros tipos penales y el de pornografía.
Adicionalmente, Juliana Marchán, Madeline Urbina, Ámbar Muñoz, Dayetsy Sanclair, Loriana Rojas, Julianny Salazar, Stefany Torrealba, Alejandra Albarrán, Génesis Vielma, Crismary Arias, Diego Marcano, Joseph Albarrán, William Valera, José Márquez, Cristian Díaz y Javier Sánchez fueron acusados como coautores en el delito de pornografía y asociación.
A los oficiales de la PNB Oswaldo Neyglin y Cristian Andrade Pinto se les acusó por los delitos de peculado de uso y resistencia a la autoridad.
Los civiles permanecen en sedes de la policía del estado Miranda y los pnb tienen una medida cautelar de presentación de cada 15 días.
