Los registros de Cecodap muestran un aumento de la ideación suicida en niños, niñas y adolescentes vinculada a alteraciones del estado de ánimo: pasó de 173 casos en el primer semestre de 2024 a 271 en el mismo período de 2025, un alza de 56,67% que impacta con más fuerza a adolescentes mujeres y a jóvenes de la comunidad Lgbti.
Un fenómeno que se extiende entre adolescentes
Durante 2024, el Servicio de Atención Psicológica (SAP) de la organización identificó 460 casos de jóvenes con ideación suicida. Walter García, psicólogo del SAP, explicó que este cuadro apareció en 35% de las consultas relacionadas con alteraciones del estado de ánimo, aunque también estuvo presente en casos asociados a violencia, conflictos familiares y otras situaciones de vulneración.
La organización clasificó esos casos según su nivel de severidad. Del total de consultas, 22,61% quedó en riesgo moderado, definido por ideas no estructuradas, gestos suicidas, fantasías de muerte o autolesiones acompañadas de alteraciones del estado de ánimo. Otro 3,26% se ubicó en riesgo severo, con ideación suicida estructurada, autolesiones, intentos previos y cambios significativos en el estado de ánimo.
Los datos del primer semestre de 2025 refuerzan la tendencia de preocupación: los casos asociados a alteraciones del estado de ánimo subieron de 173 a 271 frente al mismo lapso de 2024.
Pese a la crudeza del panorama, ningún caso vinculado con ideación suicida atendido por Cecodap en 2024 terminó en un desenlace fatal. García afirmó que cuando los niños, niñas y adolescentes acceden a servicios psicosociales de calidad, acompañamiento familiar y redes de protección adecuadas, el riesgo de muerte asociado al suicidio puede reducirse de forma significativa.
Las adolescentes y la población Lgbti, entre las más afectadas
Las estadísticas revisadas por la organización muestran que la crisis tiene un fuerte componente de género. Las adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años representaron 46% de los casos de ideación suicida y 56,96% de los registros de autolesiones, asociados principalmente a alteraciones del estado de ánimo y situaciones de violencia. En el primer semestre de 2025 se mantuvo una tendencia similar, con 44,86% de los casos en mujeres jóvenes.
También preocupa el crecimiento sostenido entre los varones. Desde 2021, la proporción de casos de ideación suicida en esta población pasó de 13,51% a 18,24%. Además, Cecodap reportó que los casos en varones subieron de 17 en el primer semestre de 2024 a 41 en el mismo período de 2025.
La vulnerabilidad alcanza igualmente a adolescentes de la comunidad Lgbti. Casi la mitad de los jóvenes sexodiversos atendidos en 2024 por el SAP presentaban ideación suicida, una proporción que duplica la media de la población adolescente general. En los primeros meses de 2025, el panorama se agravó: ocho de cada diez adolescentes Lgbti manifestaron estas ideas.
García atribuyó ese riesgo a la discriminación estructural, la exclusión social y las múltiples formas de violencia que enfrentan en su cotidianidad, factores que se agravan por el temor a la estigmatización o a la revictimización al momento de pedir apoyo especializado.
Qué debe ocurrir en la escuela y en la familia
La protección de niños, niñas y adolescentes recae en la familia, la comunidad educativa y el Estado. En el espacio escolar, cuando se detecta un caso de ideación suicida, debe garantizarse primero la seguridad física y emocional del adolescente. García indicó que, antes de cualquier otra acción, se debe verificar que su salud no esté en riesgo y luego ofrecer un espacio tranquilo para conversar, sin juicios de valor ni amenazas.
El abordaje inicial, además, debe manejarse con absoluta privacidad para no exponer al joven frente a sus compañeros ni ante otros miembros del personal del colegio. El psicólogo agregó que el niño o adolescente debe participar en el proceso y señalar con qué adultos de la institución o referentes familiares se siente en confianza para que formen parte de su protección.
Cuando las vías internas no funcionan, la escuela puede acudir a los Consejos de Protección, órganos administrativos que, según el artículo 158 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), actúan en cada municipio para asegurar la protección ante amenazas o violaciones de derechos.
Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, explicó que esos consejos cuentan con varias medidas de resguardo. Entre ellas mencionó la orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, según la gravedad del caso, así como la posibilidad de mantener la escolaridad con ajustes razonables o incluso cambiar de sección o plantel si eso garantiza el bienestar del adolescente.
Si la situación ocurre en el hogar, el consejero de protección podría evaluar una medida de abrigo, una decisión temporal que coloca al niño o adolescente con otro cuidador para apartarlo del entorno de violencia. Si el agresor es otro adolescente, Faría señaló que deben considerarse medidas como tratamiento psicológico especializado, prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima, separación de aulas o supervisión estricta por parte de adultos responsables.
En paralelo, la abogada recordó que el Código Penal vigente prevé sanciones para quien induzca a una persona al suicidio o la ayude con ese fin. Si el suicidio se consuma, la pena establecida es de siete a 10 años. En esos escenarios también podrían configurarse delitos como instigación al suicidio, homicidio doloso o culposo, o lesiones graves.
Faría añadió que, conforme a la Lopnna, esa conducta debe evaluarse y la responsabilidad penal adolescente puede aplicarse a partir de los 14 años, tomando en cuenta pruebas como llamadas, mensajes y otros elementos que permitan establecer si existió instigación o violencia psicológica.
La ley también alcanza a los representantes legales, quienes tienen la obligación de orientar, supervisar y corregir a sus hijos. Por eso, los consejeros de protección pueden exigir a los padres del agresor que asuman esa responsabilidad de crianza, mientras que en el caso de la víctima pueden dictarse medidas para asegurar que cumplan con sus deberes de protección y supervisión.
La deuda institucional
Desde el área jurídica de Cecodap se advierte que las carencias del contexto venezolano complican las acciones de contención y apoyo. La organización insiste en que, como parte del plan nacional de infancia, el Estado debe crear programas de protección, incluidos los destinados a la salud mental, así como fortalecer recursos de atención especializada como el directorio de centros de salud mental para NNA.
La realidad, sin embargo, muestra un escenario distinto y deja en evidencia la distancia entre esa obligación y la respuesta disponible para muchos niños, niñas y adolescentes.
