A pocos días de cumplirse cuatro meses del doble terremoto del 24 de junio, varios vecinos de La Guaira siguen custodiando edificios agrietados, con saqueos, escombros y sin respuesta clara sobre si serán rehabilitados o derribados.
Vigilancia vecinal y decisiones pendientes
En las residencias Golf Plaza, en Tanaguarena, José Francisco Liendo permanece en el apartamento de su madre para evitar robos y vandalismo. Cuenta que la estructura recibió una primera etiqueta roja, señal de riesgo y demolición, pero después una asamblea vecinal con representantes oficiales acordó una segunda evaluación técnica para decidir si puede pasar a amarillo y ser recuperada.
Liendo asegura que, mientras llega ese dictamen, los vecinos asumieron la custodia del inmueble porque los equipos técnicos no se dan abasto para revisar tantos edificios. También relata que vivió el colapso total del edificio Tahití, donde residía con su padre y su hermana, y que entre los escombros intentaron rescatar títulos de propiedad y documentos personales.
La misma incertidumbre golpea a otros condominios. En Los Dos Delfines, con etiqueta roja pero sin orden de derribo, los copropietarios reunieron 1.600 dólares para pagar un estudio patológico privado sobre inclinación vertical y, además, costear vigilancia para impedir el desmantelamiento.
En Vista al Mar, en Playa Grande, parroquia Urimare, Fátima Suárez afirma que la edificación quedó inclinada y luego fue saqueada: desaparecieron cableado, tuberías, puertas, muebles de cocina y hasta las cadenas del sistema de ascensores. Suárez vive en Estados Unidos y dice que no pudo registrarse en el censo oficial de vivienda ni sumarse a las brigadas vecinales, por lo que depende de asambleas virtuales para conocer el estatus de su apartamento.
Entre quienes esperan rehabilitación y quienes prefieren la demolición para vender el terreno, la propiedad horizontal quedó en un punto muerto.
Un video difundido en Instagram muestra edificios bloqueados tras el sismo.
