Feproagro alertó que el desabastecimiento de combustible, los sobreprecios y las fallas en la campaña contra la fiebre aftosa golpean al campo del estado Bolívar.
La Federación de Productores Agropecuarios del estado Bolívar (Feproagro) y sus asociaciones afiliadas denunciaron una crisis que combina desabastecimiento de combustible, deterioro de la vialidad agrícola y fallas en la gestión del plan nacional contra la fiebre aftosa. El gremio advirtió que la situación puede llevar a una paralización casi total del campo y afectar la soberanía alimentaria del sur del país.
Más de dos meses sin gasoil y con sobreprecios
Pedro Díaz, presidente de Feproagro, alertó que diversos sectores acumulan más de dos meses sin recibir gasoil, un insumo indispensable para tractores, maquinaria pesada y sistemas de riego. Señaló que pasar tanto tiempo sin combustible equivale a paralizar la actividad agropecuaria, porque la agricultura y la ganadería dependen del diésel para mantenerse en marcha.
Antonio Delfino, presidente de la Asociación de Ganaderos del Yuruari (Asogayu), denunció además que el precio oficial del combustible industrial es de 0,50 centavos del dólar por litro, pero en el estado Bolívar se les cobra 0,65 centavos del dólar bajo el argumento de un flete privado no regulado. Añadió que la migración obligatoria hacia empresas distribuidoras privadas a través del sistema Gasco del Ministerio de Hidrocarburos elevaría el litro de gasoil hasta un dólar en municipios como Sifontes.
Delfino sostuvo que esta distorsión en la estructura de costos ocurre exclusivamente en el estado Bolívar y limita la competitividad del sector. También mencionó escasez de gasolina en municipios como Roscio, donde solo despachan dos cisternas semanales para toda la población y se restringe a 40 litros por vehículo el traslado de los productores hacia sus unidades de producción.
La campaña contra la fiebre aftosa bajo cuestionamiento
En el frente sanitario, la directiva de Feproagro expuso fallas en la campaña contra la fiebre aftosa, que calificó de secuestrada institucionalmente por las autoridades del Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (Insai). Según el gremio, se han exigido pruebas de brucelosis y sangrados como requisito previo e ilegal para otorgar avales sanitarios dentro del ciclo de vacunación, lo que entorpece el proceso y bloquea el acceso de los ganaderos al sistema Sigesai.
Pese a esas trabas, el sector privado logró inmunizar de forma consciente entre el 70 y 80 por ciento del rebaño regional. Sin embargo, Feproagro cuestionó la inconsistencia de las cifras oficiales presentadas ante organismos internacionales como la Cosalfa y Panaftosa/OPS, al señalar que no se puede justificar una vacunación de 9 millones de animales cuando la importación y la producción nacional de dosis apenas alcanzaron los 6 millones.
El gremio advirtió que esa falta de sinceración compromete el estatus de Bolívar, catalogada estratégicamente como Zona 1 y proyectada para ser la primera región declarada libre de aftosa con vacunación en Venezuela. Para salir del estancamiento, propuso consolidar un convenio transfronterizo con el estado de Roraima, en Brasil, con el fin de recibir asistencia técnica, capacitación para médicos veterinarios y transferencia de metodologías para lograr la certificación internacional.
Vialidad rural en mal estado agrava el cuadro
Raúl Machado, presidente de la Asociación de Ganaderos de El Manteco (Asogaman), subrayó que la crisis energética se agrava por el avanzado deterioro de los caminos de penetración rural. Explicó que la vialidad y el combustible forman una misma cadena y que, si falla un eslabón, colapsa el abastecimiento.
Machado exigió al gobierno regional y nacional la asignación urgente de un plan de bacheo y maquinaria pesada para restaurar las rutas internas. Afirmó que sin caminos transitables es imposible ingresar insumos a las fincas o trasladar la leche y la carne hacia los centros de consumo.
Ante este panorama, la representación agropecuaria de Bolívar pidió la regularización inmediata y transparente de los despachos de diésel, la eliminación de sobreprecios para restituir la tarifa oficial de 0,50 centavos del dólar por litro y la instalación de una mesa de trabajo técnica entre la Gobernación, el Insai, el Colegio de Médicos Veterinarios y Feproagro para destrabar los permisos sanitarios y ejecutar un plan de rescate vial.
