Gremios en Falcón exigen respuesta por crisis eléctrica

Ciudadanos, gremios profesionales y líderes comunitarios se reunieron este jueves 1 de octubre en el Colegio de Ingenieros del estado Falcón para debatir la crisis de los servicios públicos y plantear acciones de presión ante el deterioro de la electricidad, el agua y otras áreas básicas.

Reclamos por servicios inoperantes

Froilan González, promotor de la actividad, sostuvo que es necesario actuar con responsabilidad para exigir medidas que permitan atender una situación que, según dijo, golpea la calidad de vida de la población falconiana. Afirmó que las soluciones han sido negadas durante años por la desidia, la negligencia y la incapacidad de quienes tienen la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales.

En su intervención, González incluyó entre los problemas más graves la salud, la vialidad, la educación, la soberanía alimentaria y los servicios públicos, a los que calificó de inoperantes. También responsabilizó al actual régimen de haber mantenido por 27 años una gestión que, a su juicio, ha profundizado el deterioro.

Impacto en la vida diaria

Por su parte, Atilio Yanez Plaza destacó que la crisis en los servicios públicos se ha agudizado frente a las necesidades de la gente y la ausencia de respuestas. Señaló que hay vulneración de derechos fundamentales, en especial por la falta de acceso al agua potable y a la energía eléctrica, y pidió integrar a gremios y personas con capacidad de aportar soluciones tangibles y urgentes.

Yanez Plaza también respaldó la idea de acudir a Corpoelec para exigir respuestas por la vía cívica. En ese sentido, expresó su disposición a acompañar ese planteamiento como parte de una presión organizada para reclamar mejoras en el servicio eléctrico.

Exigencia de derechos constitucionales

La abogada Ana María Morales recordó que el artículo 19 de la Constitución establece la garantía de los derechos humanos, mientras que el artículo 43 se refiere al derecho a la vida y el 83 al derecho a la salud. Añadió que la falta de electricidad afecta de forma directa a personas con patologías que dependen de tratamientos como la diálisis, los cuales no pueden cumplirse sin energía.

Morales indicó además que el Estado está obligado a prestar servicios óptimos y de calidad, y que, de no hacerlo, los ciudadanos pueden acudir a la jurisdicción legal correspondiente. Por su parte, Starling Bracho, secretario de la Causa R, afirmó que la lucha es por un bien común y por servicios básicos para la población, al tiempo que insistió en la necesidad de cambios políticos para evitar que los mismos actores permanezcan en las instituciones hasta 2030.