Carlos Teixeira, vocero de la Red de Sobrevivientes de La Guaira, denunció la adjudicación de al menos 14 terrenos de propiedad estatal y municipal a empresas privadas para el acopio de contenedores de carga vacíos.

El activista sostuvo que la cesión de esos lotes ocurre en medio de una severa crisis habitacional en la entidad, donde miles de familias siguen sin techo tras las devastaciones provocadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Una planta pública entre los espacios cuestionados

Entre los terrenos señalados figura el de la antigua planta de tratamiento de aguas servidas de Punta Gorda, una infraestructura en la que el Estado venezolano realizó inversiones públicas para el procesamiento de efluentes antes de su descarga marina.

Teixeira criticó que el espacio fuera desafectado para beneficiar a una firma privada dedicada a la logística de contenedores vacíos, y cuestionó por qué esos módulos de carga no se resguardan en los patios del Puerto Internacional de La Guaira, cuyas áreas operativas, afirmó, permanecen subutilizadas.

Según proyecciones técnicas elaboradas por la Red de Sobrevivientes, en la superficie total de los 14 predios cedidos se podrían edificar 4.726 soluciones habitacionales unifamiliares y multifamiliares.

Piden revertir las concesiones

El liderazgo vecinal instó al Ejecutivo nacional y a las autoridades municipales a revertir las concesiones otorgadas a privados para priorizar la construcción de urbanismos de interés social que atiendan la contingencia de los damnificados en zonas no vulnerables a riesgos geológicos.

“De un día para otro decidieron sacrificar este espacio de uso público y otorgárselo a una compañía privada para el manejo de contenedores vacíos. Cuestionamos que estos terrenos pertenecientes al Estado y al municipio hayan sido entregados a particulares mientras persisten miles de familias sin solución habitacional tras el sismo”, afirmó Teixeira.

La denuncia interpuesta por las comunidades organizadas exige un replanteamiento en la administración de la zona costera y el cumplimiento de las normativas de ordenamiento territorial.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos comunitarios instaron a la Contraloría General de la República a abrir una auditoría sobre el estatus legal y los contratos de arrendamiento de los predios fiscales, al pedir que la reconstrucción del estado La Guaira priorice las necesidades residenciales y asistenciales de la población afectada.