Cerca de 400 familias de los complejos OPPE 30 y 34, en Caraballeda, pidieron a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda actualizar la clasificación de sus edificios, que quedaron inhabitables tras los terremotos del 24 de junio, según los residentes. Buscan gestionar créditos para adquirir otras viviendas.
La etiqueta roja no permite tramitar el financiamiento
Aunque los inmuebles tienen una etiqueta roja de inspección, las fichas técnicas del sistema público no los registran como edificaciones colapsadas. Los vecinos sostienen que esa diferencia ha detenido las solicitudes ante la banca pública y privada, cuyos requisitos —según los afectados— exigen una certificación explícita de colapso o pérdida total.
Los residentes aseguran que el problema se prolonga desde hace más de tres meses. Durante ese período, afirman, se bloqueó el acceso al registro digital y las inspecciones posteriores mantuvieron la clasificación roja de «acceso no permitido», que consideran insuficiente para los trámites bancarios.
Los vecinos solicitan otra inspección en el terreno
Félix Pineda, uno de los afectados, dijo que el banco necesita que el certificado indique «colapsada» para aprobar el crédito. Oriana Cardona, damnificada de Caraballeda, señaló que al principio los edificios aparecían con esa clasificación, pero luego se bloqueó el acceso a los datos. Añadió que las nuevas etiquetas tampoco son aceptadas por la banca pública.
